Edgar Baltazar Landeros
Recientemente, el International Crisis Group publicó su informe Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México y el Triángulo Norte. En él, se expone cómo los grupos criminales de México y del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), disminuyeron su actividad delictiva al inicio de la pandemia, pero después se adaptaron a la “nueva normalidad”, regresando a sus niveles habituales de violencia y delincuencia; incluso, presentando un incremento, sobre todo, en el delito de extorsión. Un caso atípico es el de la reducción de la violencia homicida en El Salvador, pero tal descenso obedece al pacto que el gobierno autoritario de los hermanos Bukele mantiene con las pandillas.
Los actores criminales preponderantes de acuerdo con el informe son, para el caso de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, como la organización delictiva con mayor crecimiento en el país; para el caso del Triángulo Norte, las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 (en sus escisiones: Sureños y Revolucionarios). Estos grupos criminales, durante la pandemia, no sólo han mantenido sus habituales conductas delictivas, sino que han consolidado su control poblacional y territorial; han repartido víveres (robados o comprados con dinero ilícito) y han controlado la dinámica social en sus dominios. En El Salvador, por ejemplo, la MS-13 ha decretado toques de queda en sus territorios y ha castigado a quien los infringe.
Con base en un seguimiento de prensa y en entrevistas con personal policial, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito e incluso actores vinculados al crimen organizado; International Crisis Group identifica que, sobre todo el los países del Triángulo Norte, las pandillas han adaptado sus prácticas de extorsión usando transferencias electrónicas y pidiendo pagos retroactivos. En el caso de México, según datos de 2019 generados por Banxico y recuperados en el informe, una de cada catorce empresas del país fueron víctimas de extorsión, mientras en algunas zonas del país la cifra es de una de cada cinco.
No son los estados y sus fuerzas de seguridad quienes controlan buena parte de los territorios nacionales en México y el Triángulo Norte. Crisis Group destaca que en México existen no menos de 198 grupos armados activos; mientras en el Triángulo Norte centroamericano, la MS-13 y el Barrio 18 tienen amplia presencia, llegando a ocupar, en el caso de El Salvador, el 90 por ciento de los municipios. Quizá ya sea factible hablar de un Maraestado en ese país donde las maras se sientan a negociar en la misma mesa con actores gubernamentales.
De acuerdo con el informe, en el Triángulo Norte, las pandillas son responsables de entre el 20 y el 50 por ciento de los homicidios, mientras en México, la delincuencia organizada es responsable de entre el 44 y el 80 por ciento. Los márgenes son tan amplios y aparentemente imprecisos, pues, señala el mismo informe, la atomización criminal es un fenómeno creciente; de modo que su caracterización, y evidentemente su afrontamiento, son asuntos desafiantes.
El Crisis Group enfatiza en su informe el escenario adverso en términos económicos para la región y la forma en que ello impactará en el aumento de la criminalidad y la violencia. Retomando estimaciones del CONEVAL, se espera que en el futuro inmediato el 56 por ciento de la población en México no podrá satisfacer sus necesidades básicas. Según estudios citados en el informe, son los sectores juveniles precarizados, en situación de pobreza, sin acceso a empleo y a educación, quienes engrosan las filas de las bandas criminales. Ante un escenario postpandemia con desempleo generalizado, pobreza agudizada y mayor precariedad, el reclutamiento delictivo muy seguramente vendrá al alza. Preocupantemente, los gobiernos de la región parecen no tener un plan de seguridad serio para atender esas condiciones.
En México el militarismo es rampante y en el Triángulo Norte las políticas de mano dura prevalecen; no se pueden esperar mejores resultados si se replican las mismas políticas fallidas. El informe enfatiza, para el caso mexicano, un mantenimiento constante de la incidencia delictiva durante la emergencia sanitaria, augurando en el mejor escenario una continuidad y, en el escenario tendencial, un incremento. La 4T, como los gobiernos centroamericanos, está lejos de domar la pandemia de crimen y violencia.
