Por Guadalupe Romero
En 2013 arrancaron las obras de modernización de lo que será el Nuevo Puerto de Veracruz, con una inversión proyectada de 31 mil millones de pesos (que ya suma más de 42 mil mdp a junio pasado), gran parte de ésta proveniente de una Asociación Público-Privada (APP). La terminal está a cargo, según Ley de 1993, de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver).
Esta administradora, como todas las que tienen los puertos del país, es regulada por el Gobierno federal, operan como una sociedad mercantil y se encargan de la administración portuaria, desde su planeación, programación y desarrollo.
En un mensaje, en su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que por la mañana (de ayer) habló de “cómo Salinas privatizó el Puerto de Veracruz por 50 años y, el 6 de julio de 2018 —4 días después de que triunfamos— Peña amplió la concesión hasta el 2094, es decir, por un siglo. Ni en el porfiriato. Actuaremos legalmente”.
En su conferencia matutina, cuestionó la concesión de 100 años que se le otorgó a Apiver, dijo que se buscaría “que se revoque ese contrato para el manejo de puerto, todo”.
“Bueno, para ser más precisos, me enteré hoy en la mañana de lo del puerto, por eso el cambio en la dirección de puertos y por eso estamos poniendo orden en puertos, en aduanas, en migración, porque todo estaba echado a perder, corrupción por todos lados. Entonces, tenemos que limpiar y ahí vamos poco a poco, y hemos avanzado, pero todavía no, la prueba es que, hasta ayer, digo, hasta hoy conozco de este contrato.”
El primer mandatario explicó que “Rosa Icela Rodríguez, la nueva directora del puerto”, la coordinadora de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se lo dijo.
La concesión otorgada a "Administración Portuaria Integral de Veracruz" la faculta para "usar, aprovechar y explotar bienes públicos de la Federación y de las obras e instalaciones propiedad del Gobierno federal; así como la construcción de obras, terminales marinas e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios en el recinto portuario de Veracruz".
En su Twiter publicó un documento, firmado por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se señala que la solicitud de ampliar el periodo de concesión fue de la Administradora como consecuencia de la ampliación natural del Puerto de Veracruz "y con la finalidad de fomentar y brindar las condiciones necesarias que generen certidumbre financiera y operativa de las empresas interesadas en invertir en la ampliación del Puerto de Veracruz".
De acuerdo a los documentos que exhibió el Presidente, el proyecto de ampliación del puerto se estima que termine en un plazo de 15 años y que opere en su totalidad en 2030.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la prórroga de la concesión hasta el 1 de febrero de 2094, la cual además de ser firmada por Ruiz Esparza también lo hizo Juan Ignacio Fernández, director general de Administración Portuaria Integral de Veracruz.
En 1994, el Gobierno federal otorgó la concesión a Apiver, dirigida por Juan Ignacio Fernández Carbajal, hermano de José Antonio Fernández Carbajal CEO de Femsa. Y conforme a la Ley de Puertos, Apiver se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable y posteriormente adquirió las facultades para administrar el recinto portuario.
Fernández Carbajal dejó el cargo de director general de la APIVER luego de 11 años y su lugar lo tomó Miguel Ángel Yáñez Monroy.
Entre enero y mayo, la carga en el puerto de Veracruz registró una caída de 5.9 por ciento al movilizar 11 millones 87 mil 502 toneladas, comparado con los primeros cinco meses del año pasado, de acuerdo con cifras de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
El Capítulo V de la Ley de Puertos y Administración Portuaria Integral, artículo 38, dicta que existirá administración portuaria integral cuando la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto, se encomienden en su totalidad a una sociedad mercantil, mediante la concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios respectivos. Asimismo, se encomendará mediante concesión, la administración portuaria integral de un conjunto de terminales, instalaciones y puertos de influencia preponderantemente estatal, dentro de una entidad federativa, a una sociedad mercantil constituida por el Gobierno federal o Estatal correspondiente.
