Tras el regreso a la "nueva normalidad" laboral representa una verdadera controversia y amenaza en convertirse en un problema de gran magnitud para cientos de madres de familia, empleadas en distintas dependencias gubernamentales, especialmente para jefas de familia que trabajan en la Fiscalía General del Estado, tras de que por instrucciones de la Fiscala, Verónica Hernández Giadans, se les informará que tendrían que regresar a sus labores en horarios en los que se venían desempeñando antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Una organización de madres trabajadoras denunciaron lo anterior y solicitaron el anonimato por temor a represalias, al considerar que la solución tomada por parte de la dependencia contraviene diversas disposiciones oficiales y programas de retorno a los centros de labor, toda vez que no contemplan que la Secretaría de Educación Pública indicó que el resto del curso escolar sea tomado en los domicilios y las expone a una posible propagación de contagios.
La FGE paso por desapercibidó el principio rector denominado Solidaridad y Discriminación publicado en el Diario Oficial de la Federación donde se asegura que "durante los niveles de alerta máxima, alto y media, las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, que tienen a menores en edad escolar y debido a que los centros educativos se encuentran cerrados por la contingencia o bien las personas que tienen a su cargo a personas mayores con enfermedades crónicas" tendrián que ser consideradas bajo ese principio ya que se encuentran bajo el amparo del artículo 4 constitucional y el derecho a la vida digna.
Todo ello publicado en el DOF el pasado 5 de mayo bajo el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas.
Las mamas trabajadoras tienen miedo de exponer su salud y la de sus hijos dado que sus labores son de atención a las personas que llegan a solicitar los servicios de la FGE y esperan un flujo masivo de personas, por lo que temen un rebrote de los contagios.
Casi en todos los casos, se trata de familias en las que los dos padres laboran y ello hace que los menores se queden solos en sus casas, sin el cuidado y sin la orientación para tomar sus clases domiciliarias en la modalidad implantada por la SEV a través de la televisión.
Ya la semana anterior, el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Veracruz tramitó el amparo indirecto, para evitar el regreso a sus trabajos cotidianos dentro de la "nueva normalidad" y evitar así un probable brote de contagios en el órgano judicial.
