"Ya es tiempo de que se vaya", fue la instrucción del secretario de gobierno Éric Cisneros a la magistrada Sofía Martínez Huerta, a quien le exigió dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Ante su desacato se le inició un juicio político para destituir e inhabilitarla hasta por 10 años.
Martínez Huerta, quien este viernes 19 de marzo será enjuiciada en la 65 Legislatura, pidió a los diputados locales que revisen a fondo el expediente del juicio político en su contra pues no hay pruebas de que usurpó funciones del Consejo de la Judicatura, como lo asegura el juez José Clemente Zorrilla.
"Yo respeto a todos con su investidura, los considero pensantes por eso están ahí, con o sin profesión, pero están ahí, entonces tiene asesores. Yo considero que si su función principal es la creación del Derecho (…) considero que tienen la experiencia para que revisen el expediente concienzudamente".
Consideró que no hay elementos para que sea destituida e inhabilitada, incluso, para su remoción como presidenta del TSJE, por lo que se dijo confiada en que un amparo federal le permitirá regresar al cargo.
Planteó que resulta contradictorio que fue propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y ratificada por el Congreso y que ahora la mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) le sigue un proceso para revocar nombramiento.
Acusó que ha sido denostada por cosas que no cometió, incluso por sus compañeras magistradas que la denunciaron de hacer mal uso de los recursos públicos cuando el dinero se usó para cubrir obligaciones del TSJE.
Reiteró que el secretario de gobierno Éric Cisneros Burgos la amenazó luego de que le pidió su renuncia pues –afirmó– a su llegaba se habían generado muchos problemas al interior del Poder Judicial, lo que es una violación a la autonomía de ese poder.
El juicio político en contra de la magistrada ex presidenta del Poder Judicial no tiene que ver con un tema político, está sustentado en pruebas jurídicas, aseguró el presidente de la comisión instructora Víctor Barrientos.
Refirió que el dictamen fue aprobado por la comisión y será votado este viernes en sesión extraordinaria del Congreso. Su aprobación requiere el voto de al menos 34 diputados.
En la sesión la magistrada y su defensa podrán presentar nuevamente pruebas en su favor.
Si el dictamen es aprobado será turnado a la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia que emitirá un dictamen final que será votado por su Pleno. Si es aprobado se procederá a la destitución de la magistrada o su inhabilitación hasta por 10 años para ejercer un cargo en la función pública.
