Veracruz, Ver.- En la última semana el puerto de Veracruz fue señalado como punto de acceso de drogas y sustancias prohibidas al país.
Primero el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Veracruz el 27 de septiembre, dijo que se había detectado el ingreso de drogas químicas y fentanilo por la terminal jarocha.
Una investigación periodística que fue publicada tres días después, detallaba el "modus operandi" del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el puerto de Veracruz.
Sin embargo, el señalamiento de corrupción y nexos con el crimen organizado en el puerto no es el único hecho polémico que ha envuelto al recinto portuario de Veracruz en los últimos años.
Se investigan exdirectores de Apiver por daño ambiental
La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente inició una investigación en contra de los extitulares de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), por el delito de presunto daño ambiental causado por el mal manejo de los desechos sólidos generados en el puerto en los últimos 20 años.
Los exfuncionarios involucrados son Juan Ignacio Fernández Carvajal, quien se desempeñó al frente de la Apiver en la administración de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como Miguel Ángel Yáñez Monroy, designado en el inicio del actual gobierno Federal y destituido este mes.
El 24 de septiembre, el titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, dio a conocer la situación y señaló que la Apiver permitió que se utilizara un basurero a cielo abierto que no cumplía con las normas en materia ambiental.
La situación derivó en la acumulación de desechos que generaron lixiviados que terminaron en el lecho marino, por lo que podrían presentarse daños en arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
La investigación alcanzaría a cuatro exalcaldes de la ciudad de Veracruz, el presidente municipal en funciones y 21 empresas concesionarias que operan en el puerto, detalló.
Concesión a 100 años
El 18 de agosto del 2020, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se analizaba el retiro de la concesión a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) como operadora del puerto.
El mandatario señaló que se había detectado que el contrato entregado a la Apiver fue ampliado por 50 años más en la recta final del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y días después de que ganó las elecciones.
De esta forma, la Apiver tendría la concesión de las operaciones portuarias hasta el año 2094, es decir, durante 100 años desde que le fue otorgado el mando del puerto de Veracruz en 1994.
López Obrador aseveró que la ampliación del título de concesión era un evidente muestra de corrupción, por lo que se procedería retirando el contrato a la operadora portuaria.
Las declaraciones del mandatario federal causaron polémica y el rechazo del sector empresarial y grupos políticos de oposición, que señalaron que la Apiver era una empresa del Estado Mexicano, y no una compañía privada.
La Coparmex Veracruz lanzó una campaña denominada "Con el Puerto No", en la que acusaba a López Obrador de causar incertidumbre a las empresas interesadas en invertir en el recinto portuario.
Pese a las críticas, el presidente no ha desistido de su intención de retirar el título de concesión a la Apiver.
Quejas de vecinos por afectaciones en operación del puerto
En los últimos 10 años vecinos de colonias aledañas al recinto portuario se han inconformado por las afectaciones que afirman causa la dispersión de pet coque en los alrededores en temporadas de frentes fríos.
El pet coque es un derivado del petróleo que sirve como combustible en hornos industriales, su composición es similar al de la arena, por lo que los montículos ubicados en las inmediaciones del área poblada generan molestia a los residentes de colonias y fraccionamientos cercanos.
Las quejas crecieron con la dispersión de arena y sedimentos causada por las obras de ampliación del puerto de Veracruz, motivando a residentes de la zona norte de la ciudad a protestar en reiteradas ocasiones en contra de la Administración Portuaria Integral de Veracruz.
Las quejas no han quedado en una manifestación pública, vecinos afirman que todos los acuerdos hechos con la Apiver fueron incumplidos, invariablemente, por lo que se recurrió al Poder Judicial.
El 16 de enero se dio a conocer que las faltas y omisiones reiteradas de la autoridad portuaria motivaron a un juez federal a iniciar una Audiencia Constitucional en el que es requerido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al menos cuatro secretarias de gabinete federal, como parte del juicio de amparo I-16/2020-2 radicado en el Juzgado Cuarto de distrito con sede en Boca del Río.
El procedimiento fue promovido por ciudadanos veracruzanos que acusan a las autoridades mencionadas por mantenerse omisas a las presuntas afectaciones al medio ambiente y a la salud causadas por el manejo irregular de residuos industriales por la Apiver; en referencia a bodegas utilizadas para el almacenamiento de Pet Coque y chatarra a cielo abierto, de acuerdo con la documentación oficial.
Ampliación portuaria, obra polémica
El 1 de julio del 2020 ingresó el primer buque carguero a la zona de ampliación del puerto de Veracruz. La noticia fue celebrada por el Gobierno Federal y la iniciativa privada que impulsó la expansión portuaria por casi una década.
Sin embargo, el largo camino en su construcción fue tortuoso, con la inversión de más de 60 mil millones de pesos, casi 10 años de trabajos pesados y la promesa de generar hasta 150 mil empleos, la ampliación del puerto de Veracruz pasó por altibajos que por poco lograron la cancelación total de la obra.
En el último mes de mandato de Felipe Calderón, el expresidente le retiró a la zona de Punta Gorda y Bahía de Vergara la clasificación de Área Natural Protegida, a pesar de contener vastos arrecifes de coral, fauna y flora marina, además de zonas turísticas para el buceo.
A inicios del 2013 se formó el Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que incluía pescadores, académicos, ex funcionarios, activistas, ingenieros, abogados, personal del sector turístico y científicos.
Los activistas insisten que el estudio de impacto ambiental estuvo amañado y cargado para facilitar la construcción del puerto y la destrucción de los arrecifes; buscaron detener la construcción buscando amparos, resoluciones e incluso la reubicación del puerto en Alvarado.
A finales de 2014, la Procuraduría de Medio Ambiente Estatal ordenó detener los trabajos iniciales de ampliación del puerto, después de que durante las excavaciones realizadas se encontraron "residuos sólidos urbanos" --basura enterrada—.
Durante 2015 la obra estuvo en la cuerda floja debido que, como reportaron varios medios a nivel nacional, la construcción se llevaba a cabo de forma desordenada y sin cuidado, dejando entrar residuos y material de construcción al mar, con filtraciones de la membrana que habían colocado para separar el agua que estaría en contacto con el concreto.
Durante 2017 y 2018 se realizó por parte del Área Académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la Universidad Veracruzana la recolocación de arrecife y coral extraído de la zona del Nuevo Puerto y "sembrado" en otras áreas del Parque Arrecifal, alejadas de la ruta trazada para los barcos.
Para noviembre de 2018 concluyó la construcción de la primera fase, la cual aumentó la capacidad de manejo de carga en 66 millones de toneladas y al año siguiente se daba por concluida la expansión portuaria que permitía triplicar las operaciones del puerto de Veracruz.
En plena pandemia, despidos y contagios en empresas portuarias
El 22 de junio del 2020, en plena pandemia de covid-19, trabajadores del puerto de Veracruz protestaron por la negativa de empresas que operan en el puerto de Veracruz para contratar a personal local.
Integrantes de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Construcción en General (ASTRAC) denunciaron que autoridades de Apiver bloquean la contratación de mano de obra local.
El secretario general en Veracruz de ASTRAC, Sergio Gabriel Revueltas Cabrera, señaló que al menos cuatro compañías que recibieron contratos para nuevas obras portuarias se niegan a contratar a personal sindicalizado, argumentando que se trataba de una instrucción del entonces director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Miguel Ángel Yáñez Monroy.
El líder sindical señaló que con la manifestación se busca que el director de la Apiver atienda la solicitud para reunirse con los integrantes de la agrupación para aclarar la situación y en su caso revertir la instrucción.
Entre las empresas se encuentran Tulsin S.A. de C.V., Corporativo Atenas de Veracruz, PCT Constructora y Asociados y RBR Construcciones, de acuerdo con lo señalado por el líder sindical.
Un mes antes, empleados que trabajaban en las obras de ampliación del puerto de Veracruz denunciaron un brote de covid-19 que afectó al menos a siete obreros que prestan servicios para la empresa CDI.
Los inconformes detuvieron sus labores y se manifestaron en el kilómetro 13.5 del libramiento de acceso al recinto portuario, para inconformarse por la falta de medidas para evitar contagios de coronavirus.
De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, la empresa GDI cuenta con una plantilla laboral de 200 obreros que realizan la construcción del muelle de combustibles.
