Con la recién aprobada Ley General de Educación Superior las universidades autónomas dejarán cobrar cuotas por concepto de inscripción y exámenes extraordinarios a universitarios, señaló el abogado general de la Universidad Veracruzana (UV), Alberto Islas Reyes quien explicó que a partir del próximo año será el gobierno quien deberá compensar a las instituciones este ingreso extraordinario.
En entrevista, el funcionario universitario recordó que actualmente la comunidad estudiantil realiza cada semestre aportaciones voluntarias en cada facultad y que estos recursos son administrados por los patronatos internos y utilizados en beneficio de las y los estudiantes. No obstante, dijo, la nueva ley establece que a partir del 2022 este ingreso venga etiquetado en el presupuesto anual de las universidades garantizando así a los estudiantes el derecho a la educación gratuita.
La Federación va a tener que compensarnos lo que dejaremos de percibir, esto quiere decir que si la universidad recibía cierta cantidad de dinero por concepto de inscripciones y exámenes la federación nos lo tiene que dar. Se pactó así y consta en un transitorio que esto va a comenzar a funcionar en 2022 y 2023.
El abogado general de la UV destacó que la ley general, que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado martes, fortalece la autonomía de las universidades ya que establece que los Congresos locales de los estados no pueden imponer leyes internas a las instituciones de educación superior y que todos los instrumentos jurídicos internos deberán ser consensados. Recordó que en el caso de Veracruz la iniciativa que presentó la UV al Congreso Local fue elaborada por la comunidad universitaria y deberá ser retomada. “Es un avance extraordinario en ese tema”, indicó.
Explicó que otra de los puntos destacables de la ley es que establece el interés superior del estudiante y que su derecho se eleva a norma legal federal.
Finalmente, Islas Reyes dio a conocer que la máxima casa de estudios en Veracruz fue una de las tres universidades públicas que participaron del anteproyecto de esta ley en el Senado de la República y destacó que muchas de las disposiciones aprobadas son aportes de la Universidad Veracruzana cuyos representantes trabajaron para incorporar temas trascendentales en la materia.
La Universidad Veracruzana (UV) insistirá ante el Congreso Local para la aprobación de la de Ley Orgánica de esta casa de estudios cuyo anteproyecto fue entregado por la rectora Sara Ladrón de Guevara en mayo del 2019, así lo dio a conocer el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes.
En entrevista recordó que a casi dos años de haberse aprobado por parte del Consejo Universitario General (CUG) y entregado al entonces presidente del Congreso Local, el documento que establece los criterios de autonomía, organización y funcionamiento de la UV está "atorado". "Llegó al Congreso en esta legislatura y se turnó a las Comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y Educación. Se trabajó en un dictamen y se atoró con los de educación", explicó.
El funcionario universitario dio a conocer que los legisladores veracruzanos le informaron a la UV que se iba a esperar a que se aprobara a nivel nacional la Ley General de Educación Superior para atender el tema.
Por ello, indicó que una vez el titular del Ejecutivo Nacional determine su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la máxima casa de estudios retomará el tema en el congreso local. "Cuando inicie su vigencia vamos a visitar a los diputados y decirle ‘el obstáculo legal que me impedía continuar con el proceso legislativo está salvado’ para seguir con el trámite", dijo.
Islas Reyes destacó que, al no haber más obstáculos para su aprobación, se espera que sea en el periodo de sesiones que inicia en abril que se retome el tema. Y es que, dijo, hay varios temas importantes en la iniciativa elaborada por la UV a partir de las aportaciones de mil 500 integrantes de la comunidad universitaria, durante un proceso que inició en marzo de 2018.
La ley general además fortalece la autonomía de las universidades, ya que establece que los Congresos locales no pueden imponer leyes internas a las instituciones de educación superior.
