El secretario de Justicia estadounidense William Barr dijo el viernes que Estados Unidos está preocupado por un proyecto de ley pendiente en México que limitaría a agentes extranjeros y eliminaría su inmunidad.
En un comunicado, Barr dijo que la ley propuesta ante la cámara baja del Congreso perjudicaría la cooperación transfronteriza y beneficiaría a los cárteles de las drogas.
La medida “tendría el efecto de dificultar más la cooperación entre nuestros países”, escribió Barr. “Con esto estarán menos seguros los ciudadanos de México y Estados Unidos”.
“La aprobación de esta ley sólo puede beneficiar a las organizaciones criminales transnacionales y a otros delincuentes contra los que luchamos conjuntamente”, agregó.
De momento no hubo reacción de funcionarios mexicanos.
El Senado de México aprobó el miércoles la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de requerir que todos los agentes extranjeros, de cualquier país, compartan toda la información que recaben con las autoridades mexicanas. También requeriría que cualquier funcionario mexicano con el que tengan contacto presente un informe completo a las autoridades federales mexicanas.
La ley incluye una promesa vaga de mantener secreta cualquier información compartida con México. Históricamente, el país latinoamericano ha dependido de agentes estadounidenses para generar gran parte de su información de inteligencia sobre cárteles de drogas, pero tiene antecedentes de funcionarios que han filtrado dicha información y, en ocasiones, incluso la han compartido con los cárteles.
En la mayoría de los países, el principal agente de la agencia antidrogas DEA en el país con frecuencia cuenta con inmunidad diplomática total y otros agentes tienen algún tipo de inmunidad limitada o técnica. El proyecto de ley eliminaría toda inmunidad.
Mike Vigil, extitular de operaciones internacionales de la DEA, anticipó esta semana que la información “será filtrada, comprometerá a agentes, comprometerá a informantes”.
Los antecedentes de filtraciones están bien documentados. En 2017, el comandante de una unidad policial mexicana que compartía inteligencia y quien recibió información de la DEA fue acusado de pasar los datos recabados por ésta al cártel de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de millones de dólares.
La propuesta también especifica que cualquier funcionario público mexicano — estatal , federal o local — que intercambie tan sólo una llamada telefónica o mensaje de texto con un agente estadounidense deberá “entregar un informe escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes a la celebración de cualquier reunión”.
Advirtiendo que se convertiría en un sistema complicado, Vigil dijo: “Va a entorpecer las operaciones bilaterales; va a entorpecer el intercambio bilateral de información. Será mucho más perjudicial para México que para Estados Unidos”.
