La Oficina de Control de la Magistratura en Perú abrió una investigación contra tres jueces de una Corte Superior regional, ubicada 300 kilómetros al sur de Lima, luego de hacerse pública una polémica resolución que absolvió a un presunto violador.
El argumento judicial es de Ripley. Los jueces responsabilizan a la víctima de la agresión sexual por usar ropa interior color rojo con encajes, situación que según el razonamiento de los magistrados equivalía a que la femenina permanecía dispuesta a mantener relaciones sexuales
La resolución provocó indignación entre la población y algunas voces de la clase política, entre ellas la de la congresista Arlette Contreras, quien calificó el argumento judicial como “violencia institucional en contra de las víctimas”.
A la voz de la congresista Contreras se unieron decenas de jóvenes peruanas, quienes realizaron protestas feministas en Lima con ropa interior en color rojo.
Después de la polémica, la Fiscalía demandó la nulidad de la polémica sentencia y exigió un nuevo juicio en otro juzgado, esta vez con las garantías del caso.
