La permanencia del mandatario Cuitláhuac García Jiménez está en riesgo luego del incumplimiento de sentencias judiciales que obliga al pago de “decenas y decenas de millones de pesos” a proveedores y prestadores de servicios, que ya no se pagaron en la administración de Javier Duarte.
José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación, dijo que con la reapertura de juzgados federales se les empezó a notificar “en cascada” decenas de sentencias que los obligan a liquidar pasivos heredados.
En algunas situaciones no existen pruebas de que se realizó la obra o servicio de la factura que se quiere cobrar, sin embargo, la pasada administración no “defendió” los procesos judiciales y hoy una sentencia judicial les obligará a pagar montos que van desde los 100 hasta los 300 millones de pesos.
“Es un sinfín de temas que venimos cargando como pasivos y no nos queda más que pagar” indicó el funcionario estatal, quien aseguró que esas sentencias no se pueden negociar.
“Muchos de ellos ya traen amenazas para el gobernador, multas y que podría ser retirado de su cargo. Lo que hemos visto en esas sentencias, de la Suprema Corte de Justicia, nos hemos dado cuenta que las demandas no fueron defendidas”, informó a Jorge Morena Salinas.
Estas sentencias echaron abajo la planeación para cumplir al sector empresarial, y se ha tenido que redirigir el dinero para poder atender el mandato de los jueces, “no tenemos mucho que hacer”.
Cubrir los pagos ya no depende de la voluntad, pues si no se cumple puntualmente comenzarán a tener sanciones, multas, o la remoción del cargo de diferentes funcionarios, entre ellos Cuitláhuac, secretarios de despacho y directores de área.
El funcionario pidió la ayuda de los diputados locales, pues a la fecha el gobierno del estado tiene sentencias en el ámbito laborales pendientes por mil 500 millones de pesos, que también tendrá que pagar en breve.
Aceptó que, en el pasado, como en la actual administración se dio el despido “mal hecho” a ex burócratas y se les tendrá que pagar, pues también hay mandatos judiciales.
Cuitláhuac García dijo que es urgente el poder reformar la ley del Servicio Civil de Carrera, con la intención de hacer responsable del pago a quien realice el despido sin justificación a trabajadores al servicio del estado.
Asimismo, mencionó que se ha avanzado en el pago de las controversias constitucionales que ganaron algunos municipios, sin embargo, se prevé que para el 2021 se tendrían que cubrir otros 800 millones de pesos.
