Un tribunal federal rechazó el amparo que solicitaron la sindica y el alcalde de Boca del Río, Lizeth León Huesca y Humberto Alonso Morelli, contra una orden de arresto administrativo por la negativa hacia la reinstalación de un grupo de trabajadores, misma que fue decretada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Ante lo establecido en el expediente del Juzgado Tercero de Distrito, los ediles debían reinstalar a los empleados que fueron despedidos del área del Juzgado Municipal y lo cual quedó resuelto en un laudo del 2019.
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dictó como medida de apremio el arresto administrativo, dado el incumplimiento de este.
Para evitar dicha medida, los dos funcionarios públicos recurrieron a las instancias federales y de inicio consiguieron una suspensión provisional.
No obstante, el Juez revisó a fondo el expediente y decidió que la suspensión definitiva no procedía, dadas las faltas en las que incurrieron los ediles.
En el expediente se intentaba evitar el arresto eventual que realizaría la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, instancia a la cual pidió apoyo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para llevarlo a cabo.
En caso de ser arrestados, los ediles serían presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para dar cumplimiento a la resolución emitida desde el 2019.
Además, ante la resolución del Juez, los empleados deberán ser reinstalados en su cargo.