Los intentos de México de restringir la generación eléctrica por firmas privadas violarían el tratado comercial entre ese país, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aseguró la Cámara de Comercio estadounidense.
El grupo empresarial exhortó a retirar una iniciativa de ley del mandatario López Obrador que da prioridad a la compra de electricidad de plantas generadoras estatales, las cuales son más antiguas y más contaminantes. La Cámara de Comercio indicó que la medida "contravendría directamente los compromisos de México" previstos en el T-MEC.
Neil Herrington, vicepresidente para las Américas del organismo empresarial, indico en un comunicado que la iniciativa podría reinstaurar un monopolio gubernamental, y agregó que "estos cambios elevarían considerablemente el costo de la electricidad y limitarían el acceso de los ciudadanos mexicanos a energía limpia".
"Desafortunadamente, esta es la acción más reciente en un patrón de decisiones preocupantes adoptadas por el gobierno de México que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país", relató Herrington.
México se comprometió a seguir adelante con la iniciativa, aun cuando la Suprema Corte del país falló contra un intento previo de AMLO parar los permisos a las plantas de energías renovables.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, menciono que el fallo de la corte solo es aplicable a un decreto ejecutivo, e indicó que el gobierno libraría una nueva batalla legal en torno a otra iniciativa que el presidente envió este mes al Congreso.
La nueva medida pondría en los últimos lugares para la compra de electricidad a las plantas generadoras privadas, sean de fuentes renovables o de gas natural, muchas de las cuales han sido construidas con inversión extranjera.
Es el capítulo más reciente en una batalla en torno a las plantas privadas de energías renovables cuya instalación fue alentada por los predecesores del presidente de México a fin de reducir las emisiones de carbono.
"Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo que es muy distinto a una ley", informó Sánchez Cordero.
"Entonces, yo creo que tenemos los suficientes, digamos, asideros convencionales y constitucionales para avanzar porque, yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, eso quiero que quede claro".
Luego del menor consumo de electricidad durante la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad, una entidad paraestatal, registra menores ingresos y acumulación de inventarios de combustible, el cual utiliza en sus termoeléctricas. Dicho combustible contaminante ha perdido clientes a nivel mundial. La CFE también enfrenta presiones para que compre carbón a las minas del país.
AMLO buscó mediante un decreto en 2020 apuntalar a la empresa gubernamental al limitar los permisos para conectar a la red eléctrica nacional a otras plantas generadoras, incluidas algunas eólicas y solares, muchas de las cuales ya están construidas. El presidente afirma que los incentivos a las energías limpias les dan a esas plantas una ventaja injusta sobre la CFE.
No obstante, la Suprema Corte falló el miércoles que muchas de las cláusulas del decreto de 2020 afectarían injustamente la competencia en el sector. Algunas de las disposiciones ya habían sido suspendidas. El caso fue presentado por la Comisión Federal de Competencia Económica.
La primera iniciativa que AMLO envió este año al Congreso ordenaría que se dé preferencia en la red nacional al aprovechamiento de la energía proveniente de las plantas generadoras estatales que son supervisadas por la comisión, muchas de las cuales queman carbón y combustóleo.
También grupos empresariales mexicanos también aseguran que la iniciativa perjudicaría a inversionistas, obligaría a los mexicanos a comprar electricidad más cara, pondría en peligro los compromisos de México para reducir las emisiones de carbono, y posiblemente generaría disputas con los inversionistas extranjeros de acuerdo a las reglas del T-MEC.
Sánchez Cordero defendió la propuesta, detallando que "un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado. Esto no significa que no vayan a participar los particulares con ciertas reglas y límites".
Obrador pretende que la iniciativa sea aprobada por el Congreso en 30 días. El presidente es conocido por su apego a la industria petrolera y las empresas estatales, y ha tenido una relación complicada con el sector privado en sus primeros dos años en la presidencia.
Diversas industrias se han visto afectadas durante mucho tiempo por el suministro poco fiable y relativamente caro de la electricidad en México. Una reforma en 2013 abrió el camino para que las compañías privadas, muchas de ellas extranjeras, aumentaran considerablemente sus inversiones en el sector.
