Después de mantener una disciplina interna durante los cuatro años del gobierno de Donald Trump, con la disidencia marginada o callada, ha estallado una guerra fratricida dentro del Partido Republicano, con un éxodo de sus filas que incluye a decenas de sus veteranos políticos y un conflicto abierto entre su cúpula y sectores ultraconservadores, entre ellos simpatizantes de fuerzas neofascistas.
Los conflictos no son nuevos y se intensificaron desde que llegó Trump a someter al Partido Republicano a su control, pero a partir de su derrota electoral en noviembre y su insólito rechazo de los resultados que culminó con el asalto al Capitolio por su defensores el pasado 6 de enero, estalló una guerra interna.
Con el senador Mitch McConnell, el republicano más poderoso en Washington, aceptando la validez del juicio político contra Trump, y la diputada republicana Liz Cheney –hija del ex vicepresidente Dick Cheney–, quien ocupa el tercer rango más alto de su bancada en la Cámara de Representantes, votando a favor del juicio político del ex mandatario, parte de la cúpula se enfrentó directamente con los cómplices de Trump y sus bases.
Más aún, este jueves los demócratas han programado un voto ante el pleno de la cámara baja para remover a la diputada republicana novata Marjorie Taylor Greene de su asignación a dos comités legislativos. Antes de ser electa, Greene promovió varias de las teorías de conspiración de la peculiar red conocida como QAnon que fueron utilizadas por Trump; la diputada alegó que algunos de los incidentes de tiroteos en escuelas habían sido fabricados, que los demócratas son pederastas y “traidores”, y hasta preguntó si la líder de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, debería ser ejecutada por “traición”. Antes de ser electa, también promovía la teoría de que ningún avión chocó contra el Pentágono el 11-S y que rayos láser emitidos desde el espacio y controlados por judíos provocaron los incendios forestales en California.
Trump ha elogiado a Green en repetidas ocasiones. Pero para el liderazgo republicano, ella y sus aliados son una pesadilla y algunos habían buscado controlar la situación a nivel interno justo para evitar el tener que emitir un voto sobre el caso de Greene.
A la vez, Cheney ha enfrentado un ataque de filas ultraderechistas y de algunos de sus colegas por atreverse a votar a favor del juicio político de Trump, sólo una de los 10 diputados republicanos que lo hicieron. Enfrenta demandas para ser expulsada del liderazgo de su bancada en la cámara baja y es amenazada electoralmente por su propio partido.
Ante estos conflictos, McConnell dejó en claro su posición: aseguró que los comentarios “loquitos” de Greene son un “cáncer” en el Partido Republicano. Y defendió a Cheney al declarar que es “una líder de convicciones profundas y con la valentía para actuar sobre ellas”.
Gran parte del conflicto estalló con el asalto al Capitolio y aún después de eso, 45 de los 50 senadores republicanos votaron a favor de anular el juicio político, demostrando que Trump aún mantiene enorme poder –las encuestas registran una altísima tasa de aprobación entre las bases republicanas– incluso después de ser expulsado del poder. Eso indica que Trump no será declarado culpable por “incitar a la insurrección” en su juicio político, que arranca la próxima semana, ya que para eso se requiere que por lo menos 17 senadores republicanos se sumen a los 50 demócratas.
Las investigaciones sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero por fanáticos instigados por Trump y sus cómplices –entre ellos unos 139 diputados y ocho senadores republicanos que rechazaron los resultados y nutrieron su versión de que hubo un magno fraude electoral– continúan con nueva evidencia descubierta por la FBI que indica que esta acción fue premeditada y planeada por varios de los participantes, incluidas organizaciones neofascistas como los Proud Boys.
Por cierto, el gobierno de Canadá oficialmente designó a los Proud Boys como grupo “terrorista”, o sea, estarán incluidos en la misma lista que Al Qaeda e Isis.
Tras el asalto al Capitolio, miles de republicanos cambiaron su filiación política –casi 5 mil en Colorado, 10 mil en Pennsylvania, 6 mil en Carolina del Norte y unos 5 mil en Arizona– , reportó National Public Radio.
Además, decenas de veteranos políticos que fueron parte del gobierno del último presidente republicano antes de Trump, George W. Bush, también están abandonando al partido, desilusionados de que tantos legisladores no hayan denunciado las maniobras antidemocráticas de Trump, reportó Reuters. “El Partido Republicano que yo conocía ya no existe, lo llamaría ahora el culto a Trump”, comentó Jimmy Gurule, ex subsecretario del Tesoro.
Otros están abandonando el Partido Republicano porque creen que su cúpula, al final, no apoyó a Trump y finalmente aceptó el resultado electoral.
Algunos se preguntan si el Partido Republicano ahora enfrenta una crisis existencial con la pugna entre las columnas tradicionales del partido y las nuevas filas fanáticas que llegaron con Trump o que fueron elevadas por él dentro del partido.
En tanto, los demócratas –aun con sus divisiones y la pugna entre progresistas y neoliberales– avanzan en la aprobación del resto del gabinete de Joe Biden y en promover lo antes posible su masivo paquete para el combate del Covid-19 y de rescate económico de 1.9 billones de dólares.
El martes pasado el Senado ratificó a Pete Buttigieg en el cargo de secretario del Departamento de Transporte y con ello se convirtió en la primera persona abiertamente gay en un gabinete.
En el ámbito internacional, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció la renovación del tratado sobre armas nucleares con Rusia, conocido como Nuevo Start por otros cinco años, estaba por caducar esta semana. El tratado limita el despliegue de ojivas nucleares a mil 550 y 700 misiles y bombarderos, y permite inspecciones en persona.
Por otro lado, Blinken resaltó que con el giro de política migratoria anunciada el martes, el gobierno de Biden se presentará como “un socio regional confiable, trabajando con gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil y el sector privado en Norteamérica y Centroamérica para promover la migración segura, ordenada y humanitaria”.
Sin embargo, por lo menos en el tema de Venezuela, por ahora hay más continuidad que cambio con el gobierno anterior. Ned Price, vocero del Departamento de Estado, subrayó ayer que la posición del gobierno de Biden es que “Nicolás Maduro es un dictador”, condenó la represión a los medios y reiteró que el objetivo es “apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela” por medio de elecciones libres.
Price afirmó que para el gobierno de Estados Unidos el líder de oposición Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela.
Resaltó que no espera ningún “contacto directo con Maduro” próximamente y que el gobierno de Biden trabajará en foros multilaterales, incluidos la OEA y el Grupo de Lima, con gobiernos aliados y con la Asamblea Nacional de Venezuela y su líder Guiado.
