Por Fernando Gimeno/EFE
Trece muertos y seis heridos por asfixia en la avalancha humana durante una fiesta clandestina en Perú es el saldo del episodio más trágico hasta ahora del generalizado y constante desacato a las normas de inamovilidad social dictadas por el Gobierno para evitar más contagios de Covid-19.
Pese al reiterado pedido de las autoridades para quedarse en casa incluso una vez levantada la cuarentena, la desobediencia a las medidas anti-Covid ha sido la tónica habitual de los peruanos, incluso en el confinamiento más estricto. El sábado esa rebeldía se cobró la vida de doce mujeres y un hombre.
El permanente desafío a los protocolos y prohibiciones establecidas explica en parte que Perú sea el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados al acumular ya 585 mil contagios desde inicios de marzo.
Ahora al dolor de los más de 27 mil 400 fallecidos por Covid-19 se suman estos trece jóvenes que participaban en una multitudinaria fiesta clandestina de más de 120 asistentes, entre ellos varios contagiados con Covid-19, en una discoteca del populoso distrito de Los Olivos, en el cono norte de Lima.
No es un caso esporádico. Vecinos de la zona aseguran que ya eran varios fines de semana que ese local organizaba multitudinarias fiestas pese a que este tipo de reuniones están prohibidas. El ocio nocturno sigue suspendido y un toque de queda rige todas las noches de 22:00 a 4:00 hora local y el domingo todo el día.
"Lamentablemente no es el único. Hay muchos eventos de este tipo que se realizan en Lima y a nivel nacional", admitió este domingo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante una visita a la sureña ciudad de Arequipa.
"Es inaceptable que ocurran este tipo de acontecimientos. Tengo pena y tristeza por las víctimas y sus familias, pero también cólera e indignación por los responsables de organizar este tipo de eventos", agregó el mandatario peruano, que exigió una profunda investigación y el máximo castigo contra los culpables.
Durante las últimas semanas han sido numerosos los operativos nocturnos de la Policía para intervenir locales y viviendas donde se celebraban reuniones o fiestas con decenas de personas sin las más mínimas medidas de seguridad.
A la desobediencia a la inamovilidad social se sumó las peligrosas condiciones del local, con una puerta estrecha y una escalera angosta como único acceso a la discoteca, lo que unido a la oscuridad y la confusión fue el cóctel perfecto para la tragedia.
Para el antropólogo especialista en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), Aldo Pecho, la responsabilidad de las muertes no sólo recae en los mismos asistentes y en los propietarios del local que buscaron lucrarse a costa de la salud pública, sino también en el Estado.
"Como personas somos libres y nos hacemos responsables de nuestros actos, pero... ¿cuáles son las condiciones más allá del individuo? Hay que comprender las condiciones en que se toman decisiones, y esas condiciones las coloca el Estado y la sociedad civil", apuntó.
En ese sentido, el antropólogo consideró que el Estado también es responsable al no ejercer una debida vigilancia y control para evitar estas transgresiones y, sobre todo, por haber perdido credibilidad y legitimidad ante la sociedad, lo que motiva a los individuos a no respetar el Estado y transgredir las normas.
"En América Latina y particularmente en Perú existe una tendencia a transgredir las normas", indicó Pecho, lo que achacó a que la ciudadanía le ha perdido el respeto al Estado.
