AMLO instruyó revertir los contratos con ocho centros penitenciarios concesionados en 2010 durante el gobierno de Calderón.
Informó que se plantea actuar en dos vertientes: una para negociar y cancelar los contratos con los proveedores y otra para preparar una ruta judicial que facilite la cancelación, en caso de que no se logre un acuerdo.
También López Obrador, detalló que algunas de las empresas beneficiadas tienen que ver con medios de comunicación o están relacionadas con políticos, para luego considerar que en administraciones pasadas la corrupción estaba normalizada y como ejemplo puso el caso Odebrecht.
Tras un seguimiento hecho por Apro a la información dada durante la conferencia de prensa, permite cerciorar que las empresas mencionadas como “proveedores” en los ocho penales son principalmente fondos de inversión o razones sociales creadas al efecto por empresas que han sido beneficiarias de enormes contratos gubernamentales:
Exi Quantum es un fondo de inversión creado por México Infraestructure Partners que está inmersa después de otros proyectos de infraestructura y energía, bajo la dirección de Andrés Alija un alto ejecutivo formado en Ideal de Carlos Slim, que tiene en su poder los contratos de los penales de Sonora y Guanajuato.
Exi Quantum, forma parte de Quantum, empresa creada por México Infraestructure Partners, administradora de fondos de inversión, cuyo líder es Mario Gabriel Budebo, quien fue colaborador de Lozoya Austin cuando fue titular de Pemex.
Budebo es un exfuncionario con larga trayectoria en el sector público al que llegó como colaborador de José Angel Gurría en la secretaria de Hacienda, fue luego coordinador de asesores de Francisco Gil Díaz cuando este fue secretario en la misma dependencia.
Asimismo, fue subsecretario de Energía durante el gobierno de Felipe Calderón y asesor de Emilio Lozoya cuando este fue director de Pemex, en el sexenio de Peña Nieto.
GIA, la empresa de Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas de Gortari, que tiene el contrato del penal de Oaxaca.
Además, DIP Administradora Duranguense de Infraestructura y DIP Administradora Michoacana de Infraestructura, fondo de inversión relacionado con Prodemex, de Olegario Vázquez Raña-Olegario Vázquez Aldir, que tiene los penales de Durango y Michoacán.
Se trata del grupo propietario del Grupo Imagen que posee el canal de televisión abierta Imagen Tv, la red de radiodifusoras Imagen y el diario Excélsior.
Además, el fondo de inversión Capital Inbursa, de Carlos Slim, que tiene los penales de Chiapas y Morelos. Y Black Rock, la trasnacional de fondos de inversión que tiene el contrato del penal de Guanajuato.
La situación fue perfilada desde hace meses por el presidente López Obrador, quien señalaba que hubo abusos y corrupción en los contratos de construcción y administración de penales, en relación a los acuerdos suscritos bajo la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.
Ahora, indicó que hay una denuncia interpuesta por su gobierno ante la Fiscalía General de la República, relacionada con García Luna y los contratos asignados a los ocho centros penitenciarios.
Los presupuestos de esos contratos fueron expuestos por Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana quien se presentó al ejercicio de información del mandatario, así como por Julio Scherer Ibarra, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
La funcionaria fue quien detalló que los penales han significado un cargo a la hacienda pública de 75 mil 661 millones de pesos y eso solo corresponde al 36% del pago total. Y es que, el gobierno adeuda a las empresas favorecidas 190 mil 638 millones de pesos, por lo que el gobierno tendría que mantener los pagos hasta 2032, 2036 y 2037.
El presupuesto total asciende a 266 mil 300 millones de pesos, precisó la funcionaria.
Los ejemplos dados por la secretaria Rodríguez, plantean costos por encima de cada interno:
En el caso de penal femenil de Sonora, bajo el contrato asignado a Exi Quantum, durante 2020 el gobierno pagó mil 819 millones de pesos por mil 975 personas recluidas, de manera que por cada interna el gobierno gastó 76 mil 758 pesos mensuales, unos 2 mil 558 pesos diarios.
Otra situación expuesta, es el del penal femenil de Morelos, que tiene 809 personas recluidas. Por año ese penal cuesta 2 mil millones 308 mil pesos, lo que se traduce en un costo de 192 mil pesos por personas cada mes, o bien, unos 6 mil 411 pesos diarios.
