Solo once estados del país han hecho los cambios legales necesarios para cumplir con la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información realizada en febrero de 2020, que obliga al Poder Judicial a dar a conocer versiones públicas de todas sus sentencias.
De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Transparencia dado a conocer ayer, la reforma, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto pasado, indica que los Congresos de la Unión y estatales debían adecuar las normas correspondientes para la aplicación de la reforma a más tardar el 8 de febrero.
Al 21 de marzo, menos de una docena de entidades ya habían aprobado y publicado las reformas a su legislación derivada del cambio de la Ley General.
En un estado la reforma ya fue aprobada, pero no ha sido publicada, en otro, la reforma ya fue aprobada en comisiones legislativas, pero no ha sido votada por el pleno del Congreso correspondiente, en siete la iniciativa legislativa está en estudio en comisiones, y en doce no hay ninguna iniciativa de reforma presentada.
Así, apenas hay un avance del 34 por ciento en el cambio a la ley por el que ahora todas las sentencias de los poderes judiciales deben ser de carácter público, y deben ser difundidas con los datos personales clasificados o testados.
Al presentar este diagnóstico, Christian Velasco Milanés, coordinador de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, y Salvador Romero Espinosa, integrante de la comisión, señalaron que el hecho de que el 66 por ciento de los estados no tenga aún la reforma es grave, pues se trata de un franco incumplimiento de la Ley General de Transparencia.
Las once entidades que ya tiene la reforma son: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.
