El Gobierno de México, no ha acatado siete de nueve medidas dictadas, en al menos dos años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso Atenco, indicaron este domingo las víctimas y sus abogados en Ciudad de México.
Mencionaron que el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas "era de máximo dos años", por lo que a la fecha este plazo ha concluido con únicamente dos medidas concluidas de las nueve ordenadas, "dejando al resto en alarmante incumplimiento".
Tras un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las víctimas, mencionó que a 15 años de las violaciones a derechos humanos cometidas en el operativo del 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, "no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional".
Esto, aún y cuando la Corte IDH estableció la responsabilidad internacional de México sobre estos hechos.
Mencionaron que esas violaciones implicaron represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura -incluida la tortura sexual contra mujeres- a manos de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales.
El 21 de diciembre de 2018 la Corte IDH notificó al Gobierno mexicano de una sentencia en la que responsabiliza al Estado de graves violaciones a derechos humanos y le ordenó una investigación exhaustiva con perspectiva de género.
El comunicado subrayó que, si bien el Estado mexicano inicialmente expresó "su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición, las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano".
Entre las medidas no acatadas están la no repetición, la creación de un observatorio independiente de monitoreo de uso de la fuerza, el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres.
Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha remitido la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), que desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.
Ante ello, el 29 de noviembre de 2020, un juez ordenó a la Fiscalía del Estado de México cumplir con la sentencia de la Corte IDH que exige entregar la investigación sobre la tortura y violación de 11 mujeres en el municipio de San Salvador Atenco en 2006.
En esa fecha, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informó que las víctimas obtuvieron un amparo contra la negativa de las autoridades locales de turnar la indagatoria del caso Atenco a la FGR.
El caso de "Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco" se considera uno de los más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos en México.
Organismos internacionales documentaron la detención ilegal de las mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de manifestaciones.
