Los primeros lotes de las vacunas contra la covid-19 llegaron a México este miércoles. Para recibir al avión de Pfizer, se presentaron en la pista del aeropuerto cuatro secretarios: Salud, Hacienda, Defensa y Relaciones Exteriores. Tras la foto, el canciller Marcelo Ebrard calificó el día como “histórico”, el “principio del fin” de una pandemia que ya ha dejado más de 120,000 muertos en México.
La capitalización política de la vacuna para la peor crisis sanitaria en décadas era previsible y hasta legítima. Más todavía de cara al año electoral que se avecina y donde todos los partidos van tomando ya posiciones. Unas horas antes de la llegada del cargamento de Pfizer, el PRI, PAN y PRD hacían oficial su insólita alianza —Va por México— y dejaban claro que la gestión de la pandemia será uno de sus caballos de batalla.
Durante los primeros meses de la crisis, los gobernadores opositores de Jalisco, Michoacán, Chihuahua o Quintana Roo aprovecharon para confrontar la estrategia sanitaria de Morena imponiendo medidas más duras que las de la Administración central. “Ahora quieren monopolizar el acceso a la vacuna”, cargó el martes el presidente del PAN, Marko Cortés. Las críticas a la centralización de las compras con las farmacéuticas que están desarrollando los medicamentos contra la covid-19 no son nuevas.
Los gobernadores opositores llevan semanas reclamando que están dispuestos a realizar compras por su cuenta. Mientras que la diputada Mónica Almeida López (PRD) afirmó a mediados de mes que el Gobierno Federal busca tener el monopolio del antígeno “para usarlo como una estrategia electoral en los comicios que se celebrarán en junio de 2021. No quiere que las autoridades estatales adquieran la vacuna por su cuenta, a pesar de que cuentan con certificaciones y permisos de la Cofepris para almacenar y refrigerar las dosis”.
La posición del Gobierno es que, en una primera fase, se necesita la gestión centralizada por una cuestión de eficiencia y solidaridad. “Desde la ética, el sentido común y la ley querer aspirar a hacer compras fragmentadas pues no lleva a buen puerto a los ciudadanos ni a cada Estado y entidad federativa”, declaró la semana pasada el subsecretario de salud Hugo López Gatell.
Otro argumento del Gobierno es la firma de acuerdos con organismos multilaterales como el Covax, con sede en Ginebra y auspiciado por la OMS, para adquirir la vacuna. ”Los mecanismos supranacionales de coordinación llevan a compras integradas, consolidadas, equilibradas, distribuciones justas en países que tienen condiciones económicas y sociales muy diversas”, añadió López Gatell.
El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, salió también al paso de la polémica en una de sus conferencias mañaneras de mediados de mes. “Cuando ya sea de uso general, aplicable como cualquier otro medicamento que se consiga con relativa facilidad, entonces también las empresas podrían hacerse cargo de adquirir dosis para la aplicación”.
La compra de medicamentos en México, por regla general, está abierta al sector privado y a los diferentes escalones de la Administración. “De acuerdo a la legislación, las compras se pueden hacer por cada institución o de manera consolidada junto la Administración central. Aunque para el caso de la covid-19 no está claro”, apunta una fuente del sector farmacéutico que prefiere no dar su nombre.
Nuevo sistema de compra y distribución de medicamentos
La batalla por las vacunas contra el coronavirus se inscribe dentro del polémico cambio del sistema de compra y distribución de medicamentos que durante años llevaban a cabo el IMSS y las empresas farmacéuticas. Desde mediados del año pasado, todas las compras las centraliza Hacienda y una empresa pública lleva a cabo la distribución. La reforma ha sido criticada por parte de la patronal farmacéutica y algunos analistas, que apuntaban a la falta de experiencia de Hacienda en un mercado tan especializado y técnico como el de los medicamentos.
Los problemas de desabasto se han sucedido desde entonces. El acceso a los medicamentos oncológicos ha sufrido graves carencias desde finales del 2018, provocando protestas de familiares de pacientes y despertando las alertas por parte de los especialistas.
En 2019 se rompió la cadena de suministro en medicinas para el VIH y algunos pacientes que recibían tratamientos hace muchos años tuvieron que cambiar de medicinas hasta seis veces en tres meses. El sarampión, otro virus que llevaba décadas prácticamente erradicado en México, volvió a aparecer con fuerza este año. Mientras, fuentes médicas denunciaron en octubre que la sanidad pública sumaba varios meses sin vacunas para la tuberculosis.
Tras la llegada de los primeros lotes del antígeno contra la covid-19, el Gobierno de Morena ha sacado pecho. México ha sido el primer país latinoamericano en aprobar la vacuna de Pfizer. Además de esos fármacos, el Gobierno ha firmado contratos de intención de compra para adquirir hasta 77,2 millones de dosis de AstraZeneca (Reino Unido) y 35 millones de dosis de CanSino (China).
La subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, una de las funcionarias a la cabeza del despliegue diplomático para conseguir la vacuna, aseguró la semana pasada que la de CanSino podría empezar a aplicarse en México en el primer trimestre del 2021 y la de AstraZeneca, durante el segundo trimestre. México también está adscrito al proyecto Covax de la OMS, que repartirá hasta 51 millones de dosis en el país.
