Los indispensables protocolos implementados por el estado de Jalisco durante la epidemia de coronavirus desató críticas a las autoridades en materia de seguridad, mismas, que ahora se ven reflejadas en el Informe Especial de la pandemia Covid-19 presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
La intención de dicho informe fue el de documentar el impacto en los derechos humanos en la primer etapa del nuevo coronavirus, por lo que los registros recabados por la CEDHJ datan desde el día primero que se registró el primer caso de Covid-19 en la entidad hasta el 31 de mayo que terminó (por eso el gobierno local) y la jornada de sana distancia.
La pregunta sobre la actuación municipal, de la CEDHJ, evidenció que uno de cada 10 municipios reportó la aplicación de sanciones a la población, arrestos o sanciones económicas, por ejercer el libre tránsito durante los primeros días de la pandemia y hasta la segunda quincena de abril.
“Entorno a los derechos humanos encontramos varias cosas. Uno, que hace falta un enfoque de seguridad para el control de una situación sanitaria. ¿Cómo proveer seguridad?”, explicó para Aristegui Noticias, Tunuari Roberto Chávez González, coordinador de análisis y contextos de la CEDHJ.
En total, se logró recaudar información de 103 de los 125 municipios que conforman Jalisco, y en la mayoría, el principal reclamo de los pobladores fue la falta de mecanismos que protegieran a los ciudadanos de excesos y abusos policiacos.
“El enfoque de seguridad ante una pandemia es un aspecto que encontramos ausente en todos los municipios. Ninguno lo tenía como tal. Es decir, a los elementos jamás se les dio una capacitación. Por otra parte, también encontramos ausencia de una perspectiva diferenciada a la aplicación de políticas públicas para las poblaciones vulnerables, personas que viven con una discapacidad, población de la diversidad sexual, población indígena… etcétera”, concluyó.
