El Departamento de Estado, de Estados Unidos, publicó un documento sobre el clima de inversión que prevalece en México, donde se refiere a los cambios regulatorios que se han hecho a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los participantes privados, y por lo que éstos han llevado a tribunales nacionales y al arbitraje internacional sus demandas.
El documento también hace mención a la incertidumbre por el cumplimiento de los contratos petroleros que afectan el clima de inversiones, lo que incrementa el costo de hacer negocios en México.
El Departamento de Estado cita que las reformas en los sectores de energía, generación eléctrica, telecomunicaciones y venta minorista de combustibles liberalizaron el acceso de los inversores extranjeros y aunque no han llevado a la privatización Pemex y CFE, se permite la participación de empresas privadas.
Entre 2015 y 2018, México subastó más de 100 bloques terrestres, superficiales y de aguas profundas, pero la actual administración ha pospuesto subastas, aunque se comprometió a respetar los contratos existentes adjudicados bajo la administración anterior. El documento destaca que las empresas extranjeras se sintieron desanimadas cuando Pemex intentó hacerse cargo del descubrimiento Zama realizado por un consorcio liderado por la estadunidense Talos Energy.
El consorcio privado liderado por Talos Energy invirtió más de 200 millones de dólares para realizar el descubrimiento y el resultado de este proceso para determinar el operador aún no se decide, refieren.
