Iván Rivera /@IvnR99
A través de un grupo interdisciplinario, el Instituto Nacional Electoral (INE) revisará que los candidatos a un cargo de elección popular en 2021 cumplan con los requerimientos firmados en el formato 3 de 3 contra violencia de género pues, de lo contrario, procederán con la cancelación de los registros y los partidos políticos tendrán hasta tres días para reponer la posición.
De esta manera, se revisará que los candidatos “no hayan sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y/o como deudores o morosos alimentarios”.
De acuerdo con el resolutivo aprobado en el Consejo General del INE, los partidos políticos o coaliciones serán responsables de acreditar la veracidad de los formatos 3 de 3 y posteriormente, el Instituto quitará el registro a los candidatos que se compruebe, hayan incurrido en violencia política de género.
En Puebla, este acuerdo pondría en riesgo la candidatura de varios aspirantes a diputados locales, federales y alcaldes para el proceso electoral venidero. Una de ellas es la alcaldesa con licencia Claudia Rivera Vivanco, quien junto con su exsecretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, fueron denunciados por violencia política de género por parte de la excoordinadora de Proyectos Estratégicos en el área de la Presidencia Municipal, Yasmín Flores Hernández.
La exburócrata municipal interpuso en 2020 una queja ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) contra la presidenta morenista por “menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales”, luego de que le otorgó un salario inferior al de dos Coordinadores del área con el mismo rango en el organigrama y la denostó al señalar que “necesitaba a alguien con carácter de hombre” tras mandarla a negociar con los presidentes auxiliares.
En esta denuncia, Yasmín Flores denunció además a Sánchez Galindo por el delito de amenazas tras ser perseguida por un vehículo de la Secretaría de Gobernación municipal camino a su domicilio.
Asimismo, el exedil de Tecamachalco y aspirante a la reelección en ese municipio, Inés Saturnino, tiene antecedentes por violencia política de género al suspender el pago a una de sus exregidoras por ser crítica a su administración en 2017.
Mientras que Edmundo Tlatehui, candidato del PAN a la alcaldía de San Andrés Cholula, enfrenta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia por el delito de acoso sexual y despido injustificado hacia una de sus extrabajadoras cuando fungía como director de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento que hoy aspira a dirigir en el próximo proceso electoral.
Otro caso ocurre con el morenovallista y candidato de Morena a la alcaldía de San Pedro Cholula, Julio César Lorenzini Rangel, quien tiene una denuncia en fiscalía por violación y por violencia familiar, ésta última asentada en la carpeta de investigación 1665/2020/UVFyDG.
Los sancionados
De acuerdo con La ornada de Oriente, en Puebla hay, al menos, 17 personas que han sido sancionadas por incurrir en violencia en razón de género hasta marzo pasado. El primer caso documentado se trata de Manlio López Contreras, aspirante a la alcaldía de Puebla por Movimiento Ciudadano (MC), quien llamó a la activista Cecilia Monzón una “sociópata” y aseguró que “por su categoría de dama, abusa”, por lo que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó una amonestación pública en su contra.
Por otro lado, el diputado morenista José Juan Espinosa, además de que enfrenta una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos como alcalde de San Pedro Cholula, en el proceso electoral de 2018, hizo comentarios sexistas hacia la priista Laura Torres Villegas y el TEEP le ordenó tomar un taller de sensibilización de género.
En el mismo año, el exalcalde priista Enrique Doger fue sancionado con una amonestación pública por difundir un spot en el que demeritó la participación de Martha Erika Alonso en la contienda a la gubernatura de Puebla por ser “la esposa de Rafael Moreno Valle”.
Pide intervención del IEE
La abogada y activista Cecilia Monzón en compañía de integrantes de la Red Plural de Mujeres, pidió la intervención del Instituto Electoral del Estado (IEE) para no conciliar candidaturas de perfiles que hayan incurrido en violencia política de género y hacer valer el acuerdo 3 de 3.
Socorro Quezada Tiempo añadió el caso de Pascual Martínez, edil del municipio de Francisco Z. Mena a quien el TEEP lo sancionó por violencia política de género luego de que separó de su cargo injustificadamente a la regidora Flor Teresa Ávila Núñez e inició una campaña de desprestigio en redes sociales.
En la lista de indeseables para los comicios, pidieron bajar de la contienda a Inés Saturnino en Tecamachalco y evitar la unción de Víctor Iglesias Parra, presidente municipal de Zautla.
Recursos:
A nivel nacional, en 2020 fueron abiertas ocho carpetas de investigación por conductas relacionadas con violencia política en razón de género, de acuerdo con la FGR.
Las carpetas de investigación iniciadas fueron en Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Sonora.
Entre las ocho carpetas de investigación, siete fueron por “ejercer cualquier tipo de violencia contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales” y una más por “obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad”.
En el proceso electoral de 2018, Puebla fue el segundo estado con más casos de violencia política contra las mujeres, de acuerdo con la consultoría especializada en campañas electorales Ettellekt.
Entre el 8 de septiembre de 2017 y 1 de julio de 2018 se registraron 774 agresiones contra candidatos en la entidad: 471 hombres, 185 contra mujeres y 118 contra militantes y activistas.
La Fepade atendió a nivel nacional 40 casos de violencia política contra las mujeres en 2017 y 2018.
Ettelekt reportó a nivel nacional 106 agresiones contra mujeres en el mismo proceso electoral
