El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que a 16 meses del reconocimiento oficial de la pandemia en México, continúa la improvisación y negligencia, la toma de decisiones caprichosa mediante decretos y sin que el Consejo de Salubridad General asuma plenamente sus funciones como órgano rector en materia de salud ante situaciones de emergencia.
Dijo que el gobierno federal debe descentralizar el proceso de vacunación para que los gobiernos estatales y la iniciativa privada puedan colaborar en su aplicación, con el fin de lograr que los más de 25 millones de estudiantes de educación básica queden protegidos del COVID-19 y su regreso a las clases presenciales el 30 de agosto sea seguro.
“Estamos ante una nueva y más grave ola de contagios debido a las nuevas cepas del virus, y previo al regreso a clases las autoridades deben apurar el proceso de vacunación, ya que aún faltan millones de personas por recibir la primera dosis y muchos más su segunda dosis”, añadió.
Desde que comenzó la inmunización, dijo el dirigente, nos manifestamos en contra de la centralización del proceso de vacunación, una decisión política del gobierno federal que ignoró al Consejo de Salubridad General y al Sistema Nacional de Vacunación, impidiendo con ello la participación de los gobiernos estatales y particulares en la aplicación de las vacunas, provocando con esa decisión una gran lentitud en el proceso.
“Han centralizado el proceso de adquisición de las vacunas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya no puede seguir siendo así, su politización del proceso sigue costando vidas y hoy enfrentamos un tercer brote, llegó el momento de que el responsable sea el Consejo de Salubridad General”.
Por ello, demandó que se aplique el artículo 73 fracción XVI de la Constitución para que se acaben “los decretazos” para la compra de medicamentos y vacunas sin ninguna transparencia y se pase a una nueva etapa en la que de manera institucional el IMSS, el ISSSTE y en general el sector salud asuma sus facultades y dé seguimiento al proceso de vacunación.
La Constitución señala que: En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.
Asimismo, Cortés Mendoza señaló que una de las consecuencias de esa decisión política es la lentitud con la que se han aplicado las vacunas, pues hasta el 20 de julio solo el 17 por ciento de los mexicanos cuenta con el esquema completo, cuando México ha recibido cerca de 75 millones de dosis y no ha aplicado 19 millones 729 mil 861 vacunas, de acuerdo con la Secretaría de Salud.
“En Acción Nacional exigimos se tomen todas las medidas necesarias, que se acelere, facilite y pluralice el proceso de vacunación, porque aún estamos a tiempo, para que se asegure que el regreso a clases del próximo 30 de agosto no pondrá en riesgo la vida de las familias mexicanas”, señaló.
“Las medidas para contener las nuevas cepas deben ser más estrictas y no tan laxas como hasta ahora, porque de lo contrario México no logrará salir de la curva de contagios ni muertes por COVID, que ahora impacta en niños y jóvenes”.
Recordó que desde 2019 los gobernadores del PAN se declararon dispuestos en participar en la adquisición y aplicación de la vacuna contra el coronavirus, pero el gobierno morenista se los impidió.
“Ahora que ya se anunció el retorno a las clases presenciales, es el momento propicio para que los gobiernos estatales y la iniciativa privada se involucren directamente en la aplicación de la vacuna a los niños y jóvenes de educación básica”.
Finalmente, advirtió que, con el ritmo actual de vacunación, México será de los países que concluirá su proceso hasta 2022 y, una vez más, los cálculos del gobierno habrán fallado nuevamente.
Imagen: Cuartoscuro
