Tras el transcurso del actual proceso electoral 2021, han sido ejecutados en México un total de 34 candidatos, según informes de la consultora Etellekt.
De estos 34 aspirantes y candidatos ejecutados, 29 pretendían competir por puestos del ámbito municipal, entre los que se encuentran (alcaldías, regidurías y sindicaturas), cuatro por diputaciones estatales, y uno más a diputado federal.
La candidata a la Alcaldía de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, fue ejecutada la tarde del martes mientras dirigia un evento proselitista en el estado de Guanajuato.
El asesinato ocurrió cerca de las 18:00 horas en Moroleón, misma ciudad en donde hace ocho días el candidato a diputado local por la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Guzmán Ramírez, sufrió un ataque a balazos, pero sobrevivió.
Etellekt manifestó que, de los 29 aspirantes municipales, el 89 por ciento eran personas opositoras a los alcaldes que gobiernan en los municipios que buscaban gobernar o representar.
Las 34 ejecuciones de aspirantes se registraron en 16 de las 32 entidades, así como en 32 municipios del país. Los tres candidatos asesinados en mayo pertenecían al partido Movimiento Ciudadano.
En suma, total, han sido asesinados 88 políticos en México desde que arrancó el presente proceso electoral, en septiembre de 2020.
Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal concentran 39 de las 88 personas políticas asesinadas en todo el país, lo que representa el 44 por ciento del total.
En materia de género, de las 88 personas políticas asesinadas, 14 eran mujeres. De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, siete eran mujeres.
De los 88 políticos ejecutados, el 90 por ciento eran personajes del ámbito municipal de gobierno: alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales y aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas; el 8 por ciento eran políticos del ámbito estatal y únicamente el 2 por ciento, personas políticas del ámbito federal.
