A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Rubén Cayetano García presentó una iniciativa para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que busca fortalecer las figuras para el combate a la impunidad.
En el proyecto, el legislador propuso que sean sujetos de juicio político las y los servidores públicos mencionados en el artículo 110 constitucional:
Los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
Así como los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Además, las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, diputadas o diputados de las legislaturas locales, magistradas o magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las Judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorguen autonomía.
Cayetano García planteó que se considere procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las personas servidoras públicas redunden en perjuicio de los intereses políticos fundamentales o de su buen despacho, y precisa que no proceda por la mera expresión de ideas.
El legislador de Morena detalló que se reglamenta el procedimiento del juicio político, y se señala que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra una persona servidora pública.
La Cámara de Diputados detalló, sustanciaría el procedimiento respectivo y actuaría como órgano instructor y de acusación, y la cámara de Senadores como Jurado de Sentencia.
Además, se define el procedimiento para la Declaración de Procedencia, donde destaca que la Cámara de Diputados actuará como Jurado.
Adicionalmente, plantea que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano y ciudadana.
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