Un juez federal rechazó el amparo interpuesto que podría frenar la orden de aprehensión en contra Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, con la cual se busque su detención con fines de extradición.
Juan Mateo de Brieba Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías, pero negó conceder a la quejosa la suspensión provisional contra una posible orden de captura.
El próximo 7 de agosto se programó la celebración de la audiencia incidental y para el 24 del mismo mes, la audiencia constitucional, por lo cual el juzgador solicitó a la Fiscalía General de la República que rinda informes justificados para conocer si ha solicitado a un juez federal detener a la esposa del ex gobernador actualmente interno en Miami, Florida.
César Duarte promovió un amparo con la intención de que el gobierno de México no presente a Estados Unidos la petición formal de extradición, tras su captura en aquel país.
En la demanda de garantías también reclama la orden de aprehensión librada en su contra y que derivó en la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional.
El pasado 8 de julio el ex gobernador fue detenido en Miami por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, luego de tres años de permanecer prófugo.
El 8 de octubre de 2019, la juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró orden de aprehensión contra César Duarte por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El 18 diciembre de ese mismo año, la FGR solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.
Contra el ex mandatario estatal existen al menos 20 órdenes de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de pesos, dinero se cree que fue a parar a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
