La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), analizan una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, su familia y varios de sus colaboradores, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.
Según informes de la investigación realizada por la UIF encontró que sus ingresos a lo largo de su carrera política no se corresponden con los bienes que actualmente posee, ya que en 20 años acumuló ranchos y propiedades con un valor aproximado de 104 millones de pesos.
No obstante, la indagatoria realizada por la UIF menciona que desde que ganó una diputación federal en el año 2000 y hasta ocupar su cargo actual de gobernador, la suma de todos los ingresos que recibió García Cabeza de Vaca fue de apenas 21 millones 205 mil 912 pesos, por lo que existe una diferencia no explicada de 82 millones 794 mil 88 pesos en el valor de los inmuebles y ranchos que posee el mandatario estatal.
Tras lo anterior y otros elementos que obran en el expediente, los investigadores de la UIF detallaron que la denuncia debe abarcar a la familia del político panista, ya que varios de sus familiares fungen como “testaferros” o prestanombres del gobernador, como su esposa Mariana Gómez Leal, y sus hermanos María de Lourdes Cabeza de Vaca; Ismael García Cabeza de Vaca, y José Manuel García Cabeza de Vaca.
La denuncia menciona nombres de socios y empresas que están ligadas al gobernador tamaulipeco, tanto en México como en Estados Unidos, así como informes de supuestos vínculos del crimen organizado que las agencias estadunidenses de seguridad le atribuyen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El documento añade que en caso de que la FGR acredite cualquiera de los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca, la propia Fiscalía estará obligada a solicitar las órdenes de aprehensión contra el gobernador y algunos de sus principales colaboradores.
La FGR además advierte que, de comprobarse la comisión de hechos delictivos por parte del gobernador, esa dependencia deberá generar “las órdenes de aprehensión correspondientes”, y hasta se establece el camino jurídico a seguir para lograr el desafuero del político panista, conforme a lo que marca el artículo 111 de la Constitución Mexicana.
“Para proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al ser el Gobernador de Tamaulipas, es necesario desarrollar un juicio político ante el Congreso de la Unión, con la finalidad que se autorice la procedencia del juicio penal, mediante la presentación de pruebas, que lleven a la acreditación de los hechos constitutivos de delito”, indica el comunicado emitido por la UIF.
El documento de la UIF recupera varios momentos en los que -presuntamente-, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha tenido contactos directos o indirectos con elementos del crimen organizado, asimismo se afirma que el 17 de junio de 2015 hubo un encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Cabos, Baja California Sur, mismo que fue reportado por el Cónsul General de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, Tobin Bradley.
Además, también habría participado en la reunión el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, según la investigación que retoma la comunidad universitaria.
“La DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro, investigan al gobernador por presunto lavado de dinero, fraude bancario, electrónico y fiscal, así como, por tener nexos con el Cartel del Golfo”, se lee en el informe.
