Verónica Hernández Giadáns, fiscal general del estado, reconoció que nueve personas permanecen prófugas de la justicia, por su presunta participación en la masacre de Las Choapas, ocurrida el pasado 17 de enero, donde 12 hombres fueron asesinados.
Cuestionada sobre el hecho considerado más violento en 2021, Hernández Giadáns informó que a raíz de ese suceso se judicializó una carpeta de investigación y fueron solicitadas 12 órdenes de aprehensión, de las cuales solo tres se ejecutaron en un operativo realizado el 24 de enero pasado.
“Después de este multihomicidio se trabajó inmediatamente con la policía ministerial para investigar estos hechos. En coordinación con todas las fuerzas de seguridad se judicializó la carpeta correspondiente y se obtuvieron, de manera inicial, 12 órdenes de aprehensión”.
“Se hizo un operativo conjunto, con todas las fuerzas, para dar cumplimiento a estas órdenes. En ese operativo se cumplimentaron tres órdenes y las demás detenciones fueron en flagrancia por portación ilegal de armas y ultrajes a la autoridad. Se detuvieron 14 personas en ese operativo”, refirió en rueda de prensa, ofrecida junto al gobernador", Cuitláhuac García.
La noche del 17 de enero 12 cadáveres de hombres fueron esparcidos sobre un camino de terracería de la zona rural de Las Choapas, al sur de la entidad. Las víctimas estaban vendadas del rostro con cinta de aislar, maniatados de pies y manos, y con al menos un disparo en la cabeza.
El 24 de enero (siete días después) autoridades estatales desplegaron un operativo en los límites Hidalgotitlán y Minatitlán. Sin embargo, ello provocó un enfrentamiento entre supuestas autodefensas que dejó como saldo tres policías lesionados, un presunto delincuente abatido y 14 personas capturadas.
Tras estos hechos familiares de los detenidos acusaron violaciones a los derechos humanos durante estas diligencias. La fiscal, en tanto, aseguró que hay elementos para justificar sus imputaciones y solicitar sus vinculaciones a proceso.
Asimismo, informó que tres de los 14 detenidos renunciaron al término constitucional y, en consecuencia, fueron imputados y vinculados a proceso. Verónica Hernández agregó que un juez les fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que hace suponer que se trata de los detenidos por ultrajes a la autoridad y posesión ilegal de armas.
