El juicio político de Donald Trump, acusado de “incitar a la insurrección” y representar “una amenaza a la democracia”, se inicia con la interrogante de si el ex presidente quedará una vez más impune por sus acciones para mantenerse en el poder, aun si eso incluía provocar una crisis constitucional y promover la violencia armada de agrupaciones neofascistas en una intentona de golpe de Estado.
El juicio –sin precedente por ser el segundo contra un mismo presidente– se realizará en el Capitolio, que fue tomado por asalto el 6 de enero y hoy permanece resguardado por miles de tropas de la Guardia Nacional –es decir, la sede del juicio es a la vez zona de crimen–, comienza hoy y aunque no tiene fecha para concluir, se espera que durará por lo menos una semana.
El equipo de nueve diputados que ejercen el papel de fiscales en el proceso presentará la evidencia por el cargo –llamado “artículo de im-peachment”– aprobado por la cámara baja en el juicio realizado ante un Senado transformado en tribunal y cuyos integrantes se convierten en jurado.
El ahora ex presidente está acusado de “incitar violencia contra el gobierno de Estados Unidos” el 6 de enero, como parte de su “conducta, con el objetivo de subvertir y obstruir los resultados electorales” del 3 de noviembre.
El artículo de impeachment afirma que el ahora ex presidente “ha demostrado que permanecerá como una amenaza a la seguridad nacional, la democracia y la Constitución”, que ha actuado de una manera “incompatible” con el imperio de la ley y por lo tanto “amerita… ser descalificado para obtener y disfrutar cualquier puesto de honor, confianza o lucrativo bajo (el gobierno de) Estados Unidos”.
Los diputados-fiscales han advertido que si el Senado fracasa en condenar a Trump, eso “envalentonará a líderes futuros para intentar mantenerse en el poder por cualquier y todo medio y sugiere que no hay ninguna línea que un presidente no pueda cruzar”.
Los argumentos de los abogados de Trump fueron detallados este lunes y explican que el proceso mismo es inconstitucional, que la acusación viola la libertad de expresión de su defendido y que el Senado no tiene la facultad para condenar a un ex presidente.
Sin embargo, el presidente fue impeached –formalmente acusado– cuando aún estaba en la Casa Blanca y la Constitución no hace referencia a cuando se puede usar el impeachment y entrega al Senado una amplia latitud para establecer las reglas de cómo proceder en estos casos.
Se requiere una mayoría de dos tercios para condenar al ex presidente, y aunque el primer castigo de tal proceso, la destitución, es nulo porque el acusado ya no está en su puesto, la segunda es la prohibición para que ocupe un puesto electoral federal en el futuro. Por ejemplo, no podría postularse como candidato presidencial una vez más.
Pero para llegar a los dos tercios, los 50 senadores demócratas necesitan que se sumen 17 republicanos, algo que muchos consideran poco probable, pero, dependiendo de cómo proceda el juicio, no imposible.
Unos 400 asesores y asistentes legislativos enviaron una carta al Senado sobre el trauma que sufrieron durante el asalto al Capitolio el 6 de enero y exhortan a que declaren culpable a Trump por provocar eso. Varios legisladores, incluyendo Rashida Tlaib y Alexandra Ocasio -Cortez ofrecieron discursos emotivos sobre el peligro a sus vidas que enfrentaron ese día, cuando algunos de sus colegas llamaron a sus familias para despedirse.
El Washington Post y una amplia gana de comentaristas –incluso varios republicanos– han exigido que el Senado declare culpable al ex mandatario. Un 56 por ciento de los estadunidenses opinan que Trump debería ser declarado culpable y prohibirle ocupar todo puesto público, según la encuesta más reciente de ABC New/Ipsos difundida el fin de semana.
La evidencia que los acusadores presentarán –gran parte de ella visual– será la de un presidente incitando a una intentona de golpe de Estado, un esfuerzo que se inició antes de la elección presidencial del 3 de noviembre, cuando Trump había advertido que si no ganaba rechazaría el resultado, pues eso sólo sería posible si había fraude.
Se espera que los fiscales documenten cómo después de la elección él y sus cómplices desataron una campaña de engaño afirmando, sin nunca presentar pruebas, que hubo un magno fraude. De hecho, su campaña presentó más de 50 demandas judiciales, una de las cuales llegó hasta la Suprema Corte, y todas fueron finalmente descartadas por jueces estatales y federales.
Ante ese fracaso, Trump y su equipo intentaron presionar, incluso con amenazas a funcionarios electorales en varios estados para que descartaran o modificaran los resultados.
Se espera que se recuerde que el 6 de enero, en el último paso del proceso electoral cuando el Congreso recibe, cuenta y certifica el voto electoral en el Capitolio, hubo un último intento por descarrilar el proceso con presiones de Trump para que su vicepresidente Mike Pence –en su calidad de presidente de esa sesión– desechara el voto y unos 139 diputados y ocho senadores republicanos continuaban rechazando el resultado.
Mientras procedía ese proceso, Trump, Rudolph Giuliani y otros estaban ante un mitin al que habían convocado desde semanas antes, donde el entonces presidente concluyó su discurso instruyendo a sus seguidores avanzar hacia el Capitolio, con la advertencia de que “si no luchan como el infierno, ya no tendrán un país”.
Así, miles fueron al Capitolio, algunos al grito de muerte a legisladores y hasta: “cuelguen a Pence” por “traicionar”, donde irrumpieron rompiendo puertas y ventanas invadiendo las salas principales del símbolo de la democracia estadunidense mientras los legisladores suspendían el proceso de conteo para huir a “lugares seguros”. Muchos de los manifestantes han declarado que estaban siguiendo las órdenes de Trump.
El ahora ex mandatario y sus cómplices rechazan ser responsables del asalto y los actos de violencia que llevaron a la muerte de por lo menos cinco personas y decenas de heridos, incluyendo policías.
Los republicanos, con muy pocas excepciones (vale recordar que solo cinco de los 50 senadores republicanos votaron por proceder con el juicio político), han buscado descalificar el proceso sólo como una maniobra política demócrata, o han dicho que aun si es válido es hora de “superar” lo ocurrido y no dividir más el país con este proceso “partidista”.
Más aún, algunos han sugerido que todo fue parte de un complot anti-Trump. Ayer, Giuliani se atrevió ha acusar que “Antifa y BLM (en referencia a la red informal de activistas que se identifican como antifascistas y al movimiento Black Lives Matter) atacan a DC (Washington), ayudaron a organizar los ataques del 6 de enero sobre el Congreso. Sin embargo, hasta ahora, su papel se está ocultando”.
Mientras, más de 235 personas –todos simpatizantes de Trump y Giuliani– han sido arrestadas hasta la fecha por el asalto al Capitolio, incluyendo integrantes de agrupaciones derechistas oficialmente designadas como “terroristas domésticos”, al proceder una de las investigaciones más grandes de la historia de las autoridades de seguridad pública de Estados Unidos.
Varios analistas e historiadores aseguran que el veredicto de este juicio político ofrecerá una indicación sobre el futuro del llamado “experimento democrático” de Estados Unidos.
