Verónica Hernández compareció ante el Congreso cuando apenas un día antes fue asesinada la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, siendo uno de los temas "incómodos de la funcionaria".
Al respecto, durante su rendición de cuentas, la fiscal expuso que el problema de feminicidios sigue siendo uno de los pendientes de su gestión, aunque argumentó avances.
Señaló que de los 84 feminicidios perpetrados en 2020 se judicializaron 57 carpetas de investigación y hubo 35 detenidos. Sobre las sentencias condenatorias añadió que fueron 8 el año pasado, que en promedio tuvieron una pena de 40 años.
En medio de diversos claroscuros en la materia, sobre todo por cuanto hace a los feminicidios y homicidios de personajes públicos, estos algunos de los puntos más sobresalientes del ejercicio de rendición de cuentas ante diputados locales.
La fiscal general confirmó que se abrieron 182 carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres en Veracruz; de esas solamente fueron judicializadas 73, lo que representa menos de la mitad de los hechos delictivos. Las cifras son mayores a los 142 casos que se suscitaron en el 2019.
Adicionalmente, la funcionaria admitió que, de las 84 carpetas con protocolo de feminicidio, solamente hay ocho personas sentenciadas, es decir, existe más del 90 por ciento de impunidad.
Respecto al homicidio de la exalcaldesa de Cosoleacaque dijo que existe el compromiso para que el caso no quede impune. La fiscal evadió hablar sobre la politización del caso.
Afirmó que se abrió una carpeta de investigación por la filtración de fotografías de la escena del crimen de ambas mujeres, donde se aprecia la brutalidad con la que fueron asesinadas.
Al responder a los cuestionamientos de la diputada María Josefina Gamboa Torales, Hernández Giadáns trajo a colación una frase que ya había emitido en su comparecencia anterior: “se acabó la procuración de justicia para una sola familia”.
Ello, al señalar que la percepción general en torno a la disminución de la incidencia delictiva, es positiva.
Verónica Hernández negó categóricamente que la FGE sea utilizada para cuestiones políticas o brazo ejecutor del ejecutivo. “La autonomía no obsta de la coordinación”, afirmó.
En su mensaje, la fiscal reconoció que casi 8 años después, persiste enorme rezago en "Nuevo" Sistema Penal en Veracruz, pues con los juicios orales siguen pendientes el 48 por ciento de carpetas iniciadas y 20 por ciento del anterior sistema inquisitivo
Agregó que, de las 86 mil 571 carpetas abiertas en 2020, la Fiscalía logró determinar 69 mil 30.
Respecto a las cifras que maneja la organización “Alto al Secuestro” que detalla la comisión de más de 200 hechos de este tipo, la fiscal afirmó que estas abarcan los secuestros de fuero federal y común, de ahí que no concuerden con las que posee la Fiscalía.
Sin embargo, resaltó que la propia organización ha hecho un reconocimiento a los trabajos realizados por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro.
Presumió una baja en un 59 por ciento del delito de secuestro en comparación con el año 2019, en tanto que las detenciones de presuntos secuestradores se incrementaron en casi un 62 por ciento respecto del año previo.
Asimismo, que fueron desarticuladas un total de 31 bandas que operaban en el Estado y se lograron sentencias condenatorias hasta por 72 años.
Hernández Giadáns señaló que se ha logrado un descenso del 11.7 por ciento en la incidencia general, en cuanto a los delitos de alto impacto, es decir, el homicidio doloso y las extorsiones disminuyeron en un 10 por ciento, el delito de secuestro en un 59 por ciento, el feminicidio en un 19.2 por ciento, y el robo de vehículo automotor en un 21.3 por ciento.
Indicó que la Visitaduría General ha resuelto 87 procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de 212 servidores públicos de esa institución, con apercibimientos, amonestaciones, suspensiones sin goce de sueldo, incluso, separaciones del cargo.
Dijo que a la fecha se han logrado incorporar un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo, además la capacitación a servidores públicos se ha incrementado un 389 por ciento.
