Julio Carranza Aréas, diputado federal, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado veracruzano para interponer una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal.
No obstante, luego de lo declarado por el legislador federal, Yunes Márquez, así como sus prestanombres y operadores financieros: José Ricardo Medina Hernández, Román Corrons Chávez, Karen Collado Yunes y Gabriel Garzón Velázquez, lavaron dinero por más de 300 millones de pesos durante los años 2017 y 2018 mediante empresas que recibieron contratos millonarios (a dedazo), por parte de la Secretaría de Salud (SS) estatal del gobierno (bienio) de Miguel Ángel Yunes Linares.
Tras los millonarios contratos se pagaban sobornos de funcionarios estatales de la Secretaría de Salud, que depositaban los recursos a las empresas constituidas por los prestanombres de Yunes Márquez, José Ricardo Media Hernández y Román Corrons Chávez; una vez los recursos en dichas empresas se movían por medio de una sofisticada red de evasión fiscal y lavado de dinero, para finalmente caer en cuentas de empresas fantasmas donde figuraban el propio Medina Hernández y Corrons Chávez, quienes a su vez los dispersaban a cuentas y empresas desde donde Karen Collado Yunes y Gabriel Garzón Velázquez movían los recursos para por ultimo hacerlos llegar a manos de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Tras lo antes mencionado se trata de la empresa Redari Constructor SA de CV, cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es RCO101215KF0, la cual ingresó en el año 2017 como proveedora de los Servicios de Salud del Estado de Veracruz (Sesver) para dar el servicio de limpieza y sanitización a los hospitales y oficinas administrativas durante el bienio yunista, ganando millonarios contratos que les fueron adjudicados de manera directa, con un beneficio superior a los 300 millones de pesos.
Los prestanombres que figuran al frente de dicha empresa o fachada yunista son Román y Ricardo Corrons Chávez, quienes sirven a los intereses de José Medina Hernández, operador del Clan Yunes, así como suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Por el momento serán las instancias legales y electorales las encargadas de investigar dicha denuncia penal y en su caso actuar en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, así como de todos sus operadores financieros y presta nombres, los cuales están plenamente identificados en la denuncia presentada ante la FGR, por delitos previstos y sancionados en el código penal y otras leyes.
