Familiares y amigos denunciaron que la regidora de la fracción de Morena en el municipio de Cihuatlán, María Guadalupe Becerra Barragán, se encuentra en situación de desaparecida desde el pasado jueves 10 de septiembre.
Hace dos años Becerra Barragán tuvo que salir de Jalisco, junto con su familia, tras las amenazas que recibió por el crimen organizado, después de que el 29 de octubre de 2018 denunció durante una sesión de Cabildo compras a sobre precio y sin licitación.
En enero pasado indicó que en noviembre de ese año gente armada arribó a su casa para amenazarla, por parte del alcalde Fernando Martínez Guerrero y de su secretario general, Fernando Medina Flores.
En esos momentos le amenazaron que contaba con 24 horas para dejar su cargo y salir del municipio, y en caso de negarse la matarían a ella y a su familia.
Informó que Medina Flores es Raúl Flores Hernández, acusado por el gobierno de Estados Unidos, en agosto de 2017, de lavar dinero a través de figuras públicas como el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez.
Becerra Barragan presentó una denuncia ante la Fiscalía General del estado (FGE), y mantuvo que reconoció a dos de las tres personas que acudieron a su domicilio.
Al principio la FGE rechazo recibirle la querella y, cuando por fin fue aceptada, el abogado de la quejosa fue “secuestrado”.
La afectada ganó una demanda que interpuso ante la sala de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por violencia política.
También, el TEPJF resolvió que el gobernador Enrique Alfaro, su secretario de gobierno, Enrique Ibarra, y el fiscal Gerardo Solís, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, debían brindar medidas de protección a Guadalupe Becerra y a su familia, y hacer “actos jurídicos” para que se reincorporara a su labor.
Situación que se paso por desapercibida y hoy está desaparecida.
