En 2020, las entidades que más registraron violencia contra la prensa fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 70 por ciento del total nacional de las agresiones contra la prensa y de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, de 17 homicidios contra comunicadores en el país tres de ellos se registraron contra periodistas veracruzanos. Asimismo, durante la pandemia del covid-19 han muerto tres reporteros.
"En distorsión: el discurso contra la realidad", el informe anual 2020 de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, presentado el día de ayer por su director Leopoldo Maldonado se menciona que la degradación del debate público y los mecanismos de censura se mantienen y agudizan. Hoy la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información no es mejor que ayer. El discurso oficial es un espejo que distorsiona la realidad al mando de una narrativa de aversión al disenso.
De diciembre de 2018 a diciembre de 2020, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 17 periodistas en el país. De ellos tres homicidios se registraron en Veracruz: el de Jorge Celestino Ruiz (2 de agosto de 2019); María Elena Ferral (30 de marzo de 2020) y Julio Valdivia (9 de septiembre de 2009).
Veracruz se coloca en el cuarto lugar de violencia contra periodistas con 52 agresiones, de las cuales son 11 por intimidación y hostigamiento, ocho por dominios falsos o cuentas falsas en Internet, ocho por amenazas, siete por privación de la libertad, seis por ataque físico, cinco por bloqueo o alteración de contenido, dos por asesinato, dos por remoción de contenido en Internet, uno por acceso ilícito a cuentas en línea, uno por uso ilegítimo del poder público y uno por ataque a bienes materiales.
En el informe se señala que las acciones violentas contra la prensa, sobre todo en Veracruz o Oaxaca, tienen como principales perpetradores a "particulares", "desconocidos" o integrantes del "crimen organizado". Pero no debemos perder de vista que existe multiplicidad de relaciones de contubernio y omisiones estatales que entrañan esquemas de criminalidad más complejos.
De hecho, en lo que va del siglo XXI Veracruz aparece como la entidad más letal para la prensa, con 30 asesinatos contra periodistas ocurridos en sucesivas administraciones que dolosamente son omisas y, en no pocos casos, cómplices o perpetradoras directas.
En 2020 registra que seis periodistas fueron ultimados por motivos posiblemente vinculados con su labor: María Elena Ferral, Julio Valdivia, Pablo Morrugarrés, Jorge Armenta, Israel Vázquez y Jaime Daniel Castaño. Todos con precedentes, incluso amenazas previas en cuatro casos. Tres de ellos atacados pese a estar al amparo de alguna medida de protección del Estado. Así se llega a la lamentable cifra de 17 periodistas asesinados en lo que va de la administración actual.
En el país 90 son las muertes de periodistas por covid-19 acumuladas en 2020 y 2021. Los periodistas se encuentran en la primera línea frente a la pandemia pues su rol informativo no solo es esencial para conocer las medidas gubernamentales para hacer frente al covid-19 sino también para robustecer el debate público sobre la idoneidad de dichas medidas. La precariedad y la violencia directa contra periodistas tienen como responsable principal a las autoridades (por acción y omisión) sin dejar de lado que las deficientes condiciones laborales son una falla de las empresas.
Veracruz tiene tres periodistas que murieron a causa de covid: Guillermo Wong Saavedra (23 de diciembre de 2020); Azucena Rosado Sosa (8 de febrero de 2021) y Claudio Barrientos Coalla (13 de febrero de 2021).
La capital del país resalta como la entidad federativa donde se registra un mayor número de ataques con 92, sobrepasando al 13 por ciento del total. Aunque es importante analizar estos datos considerando la población y cantidad de medios presentes, así como las redes de periodistas más consolidadas que fomentan el reporte y denuncia de ataques. Preocupan dos factores: las agresiones contra periodistas mujeres y la duplicación de las intimidaciones.
A su vez, Veracruz y Oaxaca se mantienen entre los 10 más violentos contra la prensa, desde 2018. Estas dos entidades resaltan particularmente, dado que el porcentaje de agresiones a cargo de actores no estatales es mucho mayor. En Veracruz, aproximadamente 60 por ciento de los ataques provienen principalmente de elementos no identificados, particulares o crimen organizado. En Oaxaca este porcentaje escala hasta 75 por ciento. Este patrón, que también se repite en Guerrero (el sexto estado con más agresiones) puede ser entendido de dos formas: la primera, que el Estado está ausente permitiendo así el desarrollo de estructuras de poder al margen de la ley. La segunda, que la estructura gubernamental, de hecho, es parte de y utiliza grupos ilegales con fines de censura.
La ausencia de un Estado garante es especialmente grave en Veracruz. Los homicidios como el de la reportera María Elena Ferral y el de Julio Valdivia consolidan la zona como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo en México. Detrás de estos asesinatos parecen estar las presiones del crimen organizado para controlar lo que cubre la prensa.
Lo que es evidente que el cambio de gobierno en Veracruz no ha significado una mejora de las condiciones de seguridad y acceso a la justicia para la prensa. Por ello, en casos como el de Moisés Sánchez, periodista oriundo de Medellín de Bravo, desaparecido y asesinado en 2015, se optó por recurrir a instancias internacionales para la búsqueda de justicia, ya que a nivel local y federal es a todas luces desgastante, infructuosa y, por lo tanto, revictimizante.
