En las ciudades fronterizas mexicanas con Estados Unidos se encuentran más de 68 mil solicitantes de asilo, algunos en espera del trámite en las garitas y otro porcentaje que fueron retornados de territorio estadunidense por el gobierno de Donald Trump bajo el programa “Quédate en México”, los cuales desde hace casi dos años están expuestos a la delincuencia, bandas del crimen organizado y desde hace un año a la pandemia del Covid-19.
De ellos más de 23 mil forman parte del Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), mejor conocido como “Quédate en México” acordado entre los gobiernos de Trump y de López Obrador para deportar a ciudadanos de otras naciones en espera de que se resuelva su solicitud de asilo. Si bien Joe Biden eliminó dicho programa hace unas semanas, miles están en la incertidumbre sobre sus procesos legales, viviendo en casas de campaña o en las calles.
Destacaron las organizaciones Médicos Sin Fronteras y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quienes hicieron un llamado al nuevo gobierno de Joe Biden, como parte de los programas e iniciativas de reformas migratorias, debe “reducir rápidamente la cantidad de personas solicitantes de asilo expuestas a riesgos en México” y desmantelar las políticas instrumentadas por su antecesor, Donald Trump.
“Condiciones precarias, inseguridad, falta de acceso a servicios de salud y empleo, secuestros, extorsiones, desaparición forzada y asesinatos son algunas de las situaciones que sortean, desde hace dos años, las más de 68 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido enviadas a México, desde el 29 de enero de 2019, a esperar la resolución de sus casos ante las cortes estadounidenses, así lo demuestra el informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al programa Quédate en México.
En el contexto de la reciente violencia y masacre contra migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, donde se vincula la posible participación de policías, las organizaciones exponen que “el maltrato, el olvido, la corrupción, la impunidad, la persecución sistemática, el uso desproporcionado de la fuerza y los abusos de poder por parte de autoridades mexicanas” en contra de esa población que espera asilo por parte de Estados Unidos.
“Todos los participantes actuales del MPP (Protocolo de Protección al Migrante) deben permanecer donde están, en espera de más información oficial de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos", precisó un comunicado hace unos días el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“En particular, describe las violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Guardia Nacional, así como los nulos esfuerzos del gobierno mexicano por garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las y los solicitantes de asilo en EUA que han sido obligados a permanecer en las ciudades fronterizas del norte de México -Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas)”, agrega WOLA.
