Las exhibiciones acerca del caso Lozoya Austin y el tema de sobornos de Odebrecht ponen en duda la legalidad de la Presidencia de la República en el periodo 2012-2018, Peña Nieto; la declaración apunta hacia “una Presidencia fraudulenta” financiada con lavado dinero, lo que la autoridad electoral todavía tiene las facultades para poder investigar, pues el expediente permanece vigente.
También, documentos del Instituto Nacional Electoral (INE) exhiben que desde 2017 la institución tiene abiertas indagatorias sobre presuntas aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña mediante la empresa Blunderbuss Company de México, las empresas fachadas realizadas por Odebrecht: Constructora Internacional del Sur y Research Enginnering and Development LTD, de la misma forma la suiza Latin America Capital Holding.
En su informe del 12 de febrero de 2020 el INE menciono que se encuentra en “sustanciación” la denuncia por la “probable aportación de entes prohibidos” en la campaña de Peña Nieto; esto explica que el expediente no se ha cerrado.
Alfredo Figueroa, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), comentó que la denuncia contra el PRI y el PVEM, que postularon a Enrique a la Presidencia de la República, no está cerrada.
En caso de ser comprobables las acusaciones de Lozoya Austin, señala, estaríamos ante una “Presidencia fraudulenta”.
Asimismo Figueroa llama la atención sobre la investigación que tiene hoy el INE sobre el posible vínculo entre el “modus operandi” de esta situación presidencial y la local del Estado de México de 2017, cuando resultó electo el actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza.
Aseveró que la sanción máxima que debieron recibir el PRI y el PVEM por el rebase de tope de campañas y aceptar que empresas privadas extranjeras y mexicanas aportaran recursos económicos a la campaña de Peña Nieto es la pérdida del registro:
“Eso lleva no solamente a sanción. Son partidos que han sido reincidentes plena, absoluta y claramente en términos de estas conductas. ¿Y qué consecuencias puede haber: la cancelación del registro, ¿porque lo que corresponde ahora es poner un alto a este tipo de cosas”?
Indicó que el INE, por encontrarse en un proceso de sustanciación, “está obligado a solicitarle a la Fiscalía General de la República la denuncia de hechos y pruebas que aporte Emilio Lozoya, para que como autoridad electoral investigue y aplique la sanción en caso de corroborar los dichos del exdirector de Pemex”.
Figueroa dijo contar con evidencia de que el INE ha estado solicitando información y destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría General de la República de la pasada administración, no proporcionaron los datos que se le requirieron: “Mi pregunta es qué hizo el Instituto si la Fiscalía no le dio información.
Debió denunciarlo y hacerlo público, puesto que el secreto bancario ya no opera para la autoridad electoral”.
