El gobierno federal frenara, por el momento, obras nuevas para el Tren Maya en tres municipios del estado de Yucatán, porque un Tribunal Colegiado determinó mantener la suspensión provisional que una jueza otorgó a habitantes en esa entidad.
Tras unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito manifestaron infundado el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contra la suspensión que le impide efectuar obras en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá.
El pasado 20 de enero, la jueza tercero de Distrito en Yucatán, Karla Domínguez Aguilar otorgó la medida cautelar a los quejosos luego que consideró que con la ejecución del proyecto se podría causar un impacto significativo en el medio ambiente, por toda la pérdida de cobertura vegetal, así como el desplazamiento en la flora y fauna, lo cual de ejecutarse sería irreversible.
El Fonatur manifestó ante el Tribunal Federal que ya se cuenta con la autorización de impacto ambiental, así que era obligación de la juzgadora verificar si el proyecto contaba o no con el proceso de evaluación de impacto ambiental, y que, de contar con él, “entonces no podía considerar la existencia de un daño a los ecosistemas y a la biodiversidad”.
Los magistrados mencionaron de inoperantes los alegatos porque no combaten los razonamientos que dieron pie al otorgamiento de la suspensión, “sino que intenta, con fundamento en diversas leyes de la materia, a las que, asegura, se apegaron las responsables, sostener la legalidad de la evaluación de impacto ambiental”.
También, añadieron, este tipo de análisis serán materia del fondo del juicio de amparo.
