“Cortaron uno de los hilos que conducían a la verdad sobre la desaparición de nuestros hijos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala”, señalaron padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en vísperas del sexto aniversario de este crimen que a pasado desde una falsa “verdad histórica” y que aún no tiene indicios de resolverse.
Los padres refieren este “hilo” al tema del robo y manipulación de las cámaras de vigilancia en Iguala, que permitirían conocer por lo menos quienes se los llevaron y por qué.
“Han pasado seis años de impunidad y estos videos que pueden ser fundamentales para ver qué pasó con nuestros hijos, están perdidos. Hay total silencio e impunidad tanto del Poder Judicial como del Congreso de Guerrero”, dijo a ContraRéplica, el vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz.
Lamentó que en la actual FGR se mantengan funcionarios que construyeron la llamada “verdad histórica” y que están como Alfredo Higuera Bernal, actual titular de la SIEDO y quien en el sexenio pasado fue Fiscal para el Caso Ayotzinapa; y Sara Irene Herrerías, quien fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR y actualmente es Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en La Montaña de Guerrero, expuso que estos “son días claves para evidenciar que son insuficientes los alcances de la investigación y los resultados de las búsquedas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Se añade que una de las demandas de los padres es “que se ubique a los altos funcionarios, como Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, por ser participe en interrogatorios bajo tortura.
“Con la autoridad moral que se han ganado, le han expresado al presidente, que, dentro de la misma Fiscalía General de la República, existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica y son obstáculo para avanzar en las nuevas líneas de investigación”, añade el Tlachinollan.
Aquella noche del 26 de septiembre, el autobús 1531 salió de la Central Estrella Blanca de Iguala ubicada cerca del centro de la ciudad, por la calle Juan N. Álvarez, dobló por la avenida Aldama con rumbo a Chilpancingo. Abordo llevaba alrededor de 15 a 20 estudiantes según el reporte de la CNDH del 14 de abril de 2016.
Al llegar al palacio de justicia la Policía Municipal de Iguala disparó a las llantas del carro impidiéndole el paso. De manera violenta intentaban bajar a los jóvenes, al no lograrlo cortaron ramas de los árboles y quebraron las ventanas del bus, tirando bombas de gas lacrimógeno al interior obligando a los estudiantes a descender.
La policía los golpeaba violentamente al ir bajando y de inmediato los subían a las patrullas. También arribaron al lugar Policías Municipales de Huitzuco y en sus patrullas se llevaron a los estudiantes.
Afirman los testigos haber escuchado que cuando Policías Federales preguntaban por “los chavos” estos respondieron: “ya se los llevaron los de Huitzuco, allá el patrón sabrá qué hacer con ellos”.
Los padres de los normalistas señalan que la agresión a los estudiantes, la interacción de los diversos cuerpos policiacos en el lugar y el rumbo donde fueron llevados los jóvenes fue captado por seis cámaras de circuito cerrado que estaban en el palacio de justicia.
Según peritajes de expertos independientes las cámaras tenían un radio de acción que les permitió ver toda la violencia desplegada contra los estudiantes y la identidad de los perpetradores; sin embargo, los videos que se generaron por el sistema de circuito cerrado no existen.
Datos de prueba que obran en la investigación existe evidencia que extraoficialmente ingresaron al sistema de circuito cerrado de manera directa y vía remota para extraer información de los videos.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, dijo que esos videos pueden cambiar el rumbo de las investigaciones y esclarecer qué pasó con los jóvenes, pero criticó que a seis años de la tragedia nadie sepa qué pasó con las imágenes de esas cámaras.
Exigió también que se investigue a Lambertina Galeana Marín, quien era presidente del Poder Judicial en Guerrero cuando ocurrieron esos acontecimientos, y que se ha deslindado del extravío de los videos.
