Desechan amparo que intentó promover García Cabeza de Vaca, por desafuero

Desechan amparo que intentó promover García Cabeza de Vaca, por desafuero

Un juez federal anunció de improcedente el amparo que pretendió promover Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, con el que pretendía echar abajo el proceso de desafuero realizado en su contra por la Cámara de Diputados.

 

Lo antes mencionado fue determinado por Martín Adolfo Santo Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,

 

Cabeza de Vaca, en la demanda argumentó que la autoridad responsable del juicio de procedencia se “extralimitó” en las facultades que tiene conferidas constitucionalmente.

 

No obstante, el juez Santo Pérez declaró improcedente la suspensión requerida por el gobernador tamaulipeco..

 

“Este órgano de control constitucional observa que la litis planteada por la parte quejosa no es procedente en el juicio de amparo, dado que pretende impugnar una resolución que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió en uso de una facultad exclusiva y soberana que le fue conferida constitucionalmente y en la que, bajo un estudio superficial (de dicha resolución), se observaron las pautas que constitucionalmente se han emitido para dicho efecto”, se lee en la resolución.

 

“De ahí que, se actualice de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción VII, de la Ley de Amparo y que, en consecuencia, deba desecharse la demanda de amparo”, se señaló en la sentencia.

 

Este 30 de abril pasado, la Cámara de Diputados avaló el desafuero del gobernador de Tamaulipas, quien en su momento fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

 

Cabeza de Vaca únicamente fue desaforado por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

 

Los daños al fisco federal fueron estimados en 6.51 millones de pesos, lo que acredita el delito de defraudación fiscal, que se castiga con una pena de tres a nueve años de prisión.


 

Categoria