El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, consideró este lunes que era posible que esta semana alcancen un acuerdo con el Gobierno mexicano sobre la regulación del “outsourcing” o subcontratación laboral.
El esquema permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50 % de reducción de costos.
Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa al congreso el 12 de Noviembre para prohibir la práctica por considerarla “abusiva”, aunque días después el mandatario abrió la posibilidad de revisar toda la iniciativa de ley y, de darse, llevar a cabo modificaciones.
Ante tal posibilidad, los empresarios se reunieron este lunes con López Obrador, en el Palacio Nacional de México para intentar llegar a un acuerdo, el cual confían en lograr esta misma semana.
“Estuvimos discutiendo, todavía no llegamos a una conclusión, sin embargo nos sentimos muy optimistas de que estamos teniendo avances en el tema del ‘outsourcing‘”, dijo Salazar al salir de la reunión.
Dijo que le manifestaron a López Obrador sus preocupaciones y se dieron de plazo hasta finales de la semana “para ver si en una reunión posterior podemos tener un consenso completo”.
En su turno, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, señaló que entre los puntos en los que lograron un acuerdo fue en la eliminación del insourcing, es decir, esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas.
“El insourcing se elimina y se va a convocar a otra comisión para llegar de aquí al jueves con los montos (de las utilidades) y la estacionalidad”, dijo Cervantes a medios tras la reunión.
Además de Salazar y Cervantes, a la reunión asistieron Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); y José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur).
En su momento, el CCE dijo que la iniciativa de subcontratación que firmó López Obrador, desalentaba la creación de empleos y ponía en riesgo miles de puestos de trabajo.
La iniciativa, que será enviada al Congreso mexicano, prohíbe la subcontratación del personal, modifica la contratación de servicios especializados y endurece castigos a empresas por violar la ley, entre otros puntos.
La Procuraduría Fiscal indicó que existe más de 6.000 empresas de subcontratación ilegal en México que evaden al fisco por más de 21.000 millones de pesos al año (cerca de 1.050 millones de dólares).
