A partir del primero de julio de este año entró en vigor el T-MEC, y hasta el momento no se han presentado controversias laborales en materia de contratación colectiva y libertad sindical, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La iniciativa privada y el gobierno mexicano buscan evitar que las empresas sean demandadas y sancionadas mediante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que incluye el tratado.
Si una empresa tiene una queja en este rubro, los gobiernos vecinos de Estados Unidos y Canadá podrían establecer sanciones arancelarias, de libre tránsito de mercancías y servicios particulares.
Es por estas sanciones que se ha trabajado en mesas de diálogo y herramientas que permitan una correcta actuación ante estas controversias, incluso con el propósito de evitarlas.
"En los primeros 40 días, luego de que recibamos una eventual queja, tenemos que elaborar un expediente para dar respuesta, identificar si hay denegación de derechos y, en caso de que la haya, sugerir un curso de reparación que satisfaga a ambas partes. Es muy importante el diálogo con el sector privado para generar un expediente robusto que inhiba las siguientes etapas, como la instalación de un panel arbitral o la visita de panelistas a centros de trabajo", comentó Alejandro Encinas, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS, durante la conferencia de prensa.
Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó "Se elaboró una herramienta que contiene un cuestionario para que las empresas puedan autoevaluarse y verificar que en su operación se respetan los derechos de trabajadores, que permitirá corroborar que también se cumple con la reforma laboral mexicana que ya entró en vigor"
La titular de la STPS, María Luisa Alcalde, puntualizó que la primera etapa de la reforma en materia laboral comenzará en noviembre, con el inicio de operaciones de centros de conciliación local, tribunales laborales locales y federales, y las oficinas de registro del centro federal de conciliación y registro laboral en ocho estados.
