México se encamina hacia una ruta no explorada. La bancada de Morena en el Senado presentó este lunes por la noche una iniciativa para regular el funcionamiento de las redes sociales. La reforma, a la que aún le queda al menos tres meses de recorrido parlamentario, otorga a un órgano administrativo autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un inmenso poder a través de un control doble.
Por un lado, podrá fiscalizar la normativa interna entre los usuarios de las redes y las empresas, que deberán contar con una autorización previa. Por otro, desarrollará también una supervisión posterior, concentrada en los criterios para la cancelación de cuentas relacionadas con noticias falsas, mensajes de odio o derechos de la infancia. El nuevo sistema exige incluso la creación de departamentos específicos en las empresas para atender las quejas de los usuarios, incluye multas a las tecnológicas y ensancha la vía de llegada hasta los tribunales.
Con las recientes cancelaciones de las cuentas de Donald Trump de fondo y las elecciones intermedias de junio en el horizonte, México ha decidido dar un paso adelante en el tenso equilibro entre las grandes tecnológicas y la capacidad de los Estados para regular los ángulos ciegos de internet.
El objetivo oficial es “la protección a la libertad de expresión en las redes sociales”, aunque juristas y organizaciones de la sociedad civil subrayan el deficiente diseño legal de una iniciativa exprés, sin debate previo con especialistas y los agentes sociales, de difícil aplicación y que podría precisamente cercenar las libertades en la red.
La reforma establece un primero filtro a la hora de definir las redes sociales que caerán bajo el paraguas de la regulación: las plataformas con un millón o más suscriptores o usuarios, dada su capacidad “de generar un impacto mayor en procesos de comunicación social y en la esfera jurídica de los ciudadanos”.
Las grandes tecnológicas -Twitter, Facebook, Google- tendrán que someter su normativa interna con los usuarios, los llamados términos y condiciones del servicio, a la legislación mexicana de cara a pasar la autorización previa del IFT. En concreto, a las leyes relacionadas con la protección “de los derechos de los menores de edad, la eliminación de la difusión de mensajes de odio, la propagación de noticias falsas y la protección de los datos personales”.
A la vez, las tecnológicas “deberán incluir un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva”. México pretende así imponer que las compañías cuenten con departamentos específicos para responder a las solicitudes de los usuarios que, además, no podrán estar automatizados “mediante el uso de algoritmos o cualquier otra tecnología”, sino formado por “personas físicas debidamente capacitadas en materia de derechos humanos y libertad de expresión”. Si en el plazo 24 horas la compañía no ha respondido, el usuario podrá dirigirse al IFT -con capacidad para sancionar con multas de hasta 80 millones de pesos- en un recorrido que llega hasta los tribunales.
“Es una iniciativa muy pequeña y totalmente coyuntural que no se hace cargo de los problemas que pueden generar las redes sino que se concentra en controlar la resolución de conflictos relacionados solo a la suspensión y cancelación de cuentas”, apunta Javier Martín Reyes, profesor de Estudios Jurídicos del CIDE, que duda incluso de su constitucionalidad debido a la ambigüedad jurídica y falta de precisión del texto: “¿Cómo vinculas y cómo exiges cumplimiento a las redes sociales? ¿Cómo puedes cancelarlas, multarlas o enjuiciarlas si no tienen sede fiscal en México?”
México se enfrenta a los mismos obstáculos que el resto de Estados que han pretendido una regulación. Las tecnológicas son empresas que establecen contratos privados con los usuarios que escapan a las jurisdicciones y a las legislaciones de cada uno de los países. La lógica utilizada en esta ocasión ha sido equiparar las redes sociales con los medios tradicionales.
“La única vía correcta y democrática de proteger la libertad de expresión en el ciberespacio es la legislativa, lo mismo para prensa, TV, radio y redes sociales”, defendió a finales de este mes el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, impulsor de una iniciativa que entra a fondo a reformar de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión ya han levantado la voz al entender que se trata de una reforma que confunde el papel del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital. “En México, el acceso a Internet es un derecho garantizado por la Constitución, no un bien público bajo tutela del Estado. Internet no está ni debe estar sujeta a ser colonizada por el Estado, a diferencia de la radio y la televisión, donde por concesiones, colusiones y publicidad oficial hay un ejercicio de control hacia estos medios tradicionales”, señalaba este martes en un comunicado la organización Artículo 19.
Otras críticas plantean incluso los roces que esta legislación provocaría con el nuevo tratado de libre comercio en la región. “La necesidad de obtener una autorización para la operación de las denominadas redes relevantes atenta contra lo establecido en el T-MEC en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital”, apunta la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) en su comunicado.
Monreal, el brazo ejecutor en el senado de Morena, con mayoría en ambas cámaras, acumula un recorrido de proyectos para amarrar los servicios digitales. El año pasado intentó obligar a las plataformas como Netflix a que al menos el 30% de su catálogo estuviera conformado con producción mexicana.
Un año antes impulsó una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales para obligar a las plataformas a ejecutar el llamado “derecho al olvido”, la eliminación total de contenidos cuando cualquier usuario lo solicite. En esta ocasión, descartada la vía fiscal, el origen de la iniciativa viene directamente de la silla presidencial.
“La Estatua de la Libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje, porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío”. Así se manifestó Andrés Manuel López Obrador pocos días después de que Twitter cancelará definitivamente la cuenta de Donald Trump -al igual que Facebook o YouTube- por “incitación a la violencia” en el marco del asalto del Capitolio por parte de sus seguidores más ultras.
El presidente mexicano habló el 14 de enero y partir de ahí empezó a ponerse en marcha la maquinaria legislativa. Monreal ha reconocido que ya ha iniciado las conversaciones con las tecnológicas. “Facebook se mostró comprensivo y flexible y Twitter algo menos”, anunció en una entrevista con EL PAÍS la semana pasada. A la vez que se ha comprometido a abrir el debate a expertos, académicos, especialistas y los usuarios de las redes.
“La iniciativa tienen muchas inconsistencias y es sobre todo un mensaje político a los grandes empresas, un intento de elevar la presión para que les cancelen cuentas de apoyo a la 4T de cara a las elecciones de junio”, añade Reyes al calor de las recientes cancelaciones de cuentas de seguidores del presidente en Twitter.
La justificación de la empresa fue que se trataba de “información engañosa en el perfil de la cuenta para llevar a cabo acciones de spam, obstaculización o acoso”. López Obrador, por su parte, cargó contra el director de la compañía en México, Hugo Rodríguez, acusándole de haber trabajado para el PAN, la derecha mexicana.
La iniciativa de Morena guarda algunas similitudes con los intentos de regulación en otros países. EE UU lleva tiempo tratado ajustar su legislación para que las compañías tecnológicas se hagan responsables por los contenidos publicados en sus plataformas.
Mientras que la Unión Europea junto con la OCDE busca imponer a nivel mundial la conocida como tasa Google, nuevos impuestos diseñados para gravar la actividad de las grandes plataformas digitales. “La diferencia es que la línea en el resto del mundo está siendo trazar grandes marcos generales regulatorios para resolver un problema complejísimo. La propuesta de Morena, sin embargo, marca reglas superespecíficas para resolver el problema en concreto de la cancelación de cuentas”, añade Reyes.
La iniciativa, que pretende colocar a México como pionero en la garantía de la libertad de expresión, encierra además varias paradojas. México es el país más letal del mundo para los periodistas, con ocho informadores asesinados el año pasado, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras.
Además de los graves problemas de impunidad de un país donde, 9 de cada 10 delitos no son denunciados y casi la tercera parte de los presos aún no tienen condena. Otra de las paradojas es el blindaje de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mientras el ejecutivo va erosionando cada vez más otros órganos autónomos, quizá, más idóneos para cumplir estas nuevas funciones de control.
“El IFT es un órgano técnico. Estas funciones las debería cumplir el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), pero se sigue con la tendencia al desmantelamiento de los organismos autónomos”, apunta Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
De hecho, los planes de López Obrador pasan por una polémica reforma para eliminar y modificar a algunas de las instituciones de transparencia que acabaría integrando al INAI en el Gabinete federal.
