El gobierno de México ha deportado durante la pandemia a 31 mil 722 extranjeros, la mayoría centroamericanos y caribeños que huían de sus naciones a causa de la violencia, persecución política o la pobreza y que buscaban iniciar sus procesos legales para obtener asilo en nuestro país, lo cual contradice el discurso del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la organización no gubernamental Asylum Access México, existe preocupación por las redadas y detenciones en estaciones migratorias en México “y el alto número de deportaciones” de enero a julio de este 2020, todo ello a pesar de que las llegadas internaciones al país han disminuido desde el inicio de la pandemia.
En un análisis respecto al Segundo Informe de Gobierno se añade “observamos contradicciones y omisiones referentes al tema de personas refugiadas y solicitantes de asilo. El documento afirma que: “se busca consolidar a México como un país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones”, pero desde la sociedad civil vemos que esto solo ha quedado en el discurso.
El informe de la ONG expone que, en la práctica, México ha perdido su noble tradición de asilo. “Vemos con preocupación el alto número de deportaciones desde México, pese a que las internaciones al país han disminuido desde el inicio de la pandemia. Entre enero y julio de 2020, 31 mil 722 personas han sido deportadas sin que se les garantice su derecho a solicitar la condición de refugiado”, detalla.
Se añade que Segundo Informe de López Obrador se afirma que “se desarrollaron procedimientos eficientes y simplificados de procesamiento de casos”, lo cual permitió una reducción en el tiempo de atención de casos y la disminución del rezago.
“Sin embargo, desde la sociedad civil desconocemos cómo se están llevando a cabo estos procedimientos ya que la propia Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político no contempla procedimientos simplificados”, indica.
El informe señala que, entre marzo y junio de 2020, se emitieron 5 mil 637 casos de la condición de refugiado en el país. “Sin embargo, es importante recordar el grave rezago que enfrenta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Tan solo en octubre de 2019, más de 6 mil personas llevaban más de un año esperando la resolución de sus solicitudes de asilo, de acuerdo con una petición de información pública hecha por nuestra organización”.
Niurka Morales, cubana es una de ellas, se encuentra en Tenosique, Chiapas junto con su hija de 20 años, dijo a ContraRéplica que llegó a México desde enero, cuando aún no iniciaba la pandemia y a pesar de ello, nunca la han atendido en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). “Al parecer hay una política de no resolver las solicitudes de cubanos, de darla largas a los expedientes y estamos sobreviviendo prácticamente de la caridad de la gente en las calles y en plena pandemia desde hace ocho meses”.
Asylum Access México, organización que asesora a solicitantes de asilo cuyos procesos se han extendido por más de un año, recordó que pese, a que la ley establece que su proceso sólo puede prorrogarse hasta un período máximo de seis meses, nuestros usuarios tampoco son notificados de que su proceso será extendido.
“También hemos presentado más de 203 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Órgano de Control Interno de COMAR porque nuestros usuarios, a quienes ya se les concedió la condición de refugiados, llevan más de seis meses esperando la constancia de asilo.
De acuerdo con el documento del Informe de Gobierno, durante la pandemia la COMAR “disminuyó la atención de usuarios in situ, a fin de promover la sana distancia y evitar conglomeraciones”.
Desafortunadamente dicho plan y calendario de operaciones no es público.
La organización no gubernamental denunció que durante la emergencia del Covid-19, muchas personas detenidas en estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron trasladadas a otros estados sin notificar a COMAR.
“Esto evidenció la falta de coordinación y comunicación entre ambas instituciones. Más aún, afectó los procesos de las personas solicitantes de asilo, quienes deben permanecer en un solo estado del país o sus procesos son cancelados.
Señalaron que el INM tampoco ha cumplido con las órdenes judiciales que le ordenaron llevar a cabo 11 medidas establecidas para preservar la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en estaciones migratorias.
“Seguimos desconociendo los protocolos de prevención sanitaria por coronavirus implementados por el INM, así como la base de datos sobre cuántas personas hay en las estaciones migratorias, y cuáles son sus condiciones de vulnerabilidad ante el Covid-19”.
Por Luis Carlos Rodríguez G.
luis.rodriguez@contrareplica.mx
