Las negociaciones para evitar que se judicializara la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia surtieron efecto, pues por unanimidad el Senado aprobó el dictamen que fue modificado para respetar que los Congresos de los estados mantengan sus facultades en materia de retiro de inmunidad procesal a gobernadores.
La parte nodal del diálogo se encontró en los mecanismos para garantizar el principio de división de Poderes y respetar la distribución de competencias entre la Federación y los estados.
Además de que se estableció un plazo de 45 días para que se resuelva el desafuero, en caso de cometer algún delito, del Presidente de la República.
Se precisó que las sanciones correspondientes al Juicio Político se apliquen en un plazo no mayor a un año de iniciado el procedimiento, así como privilegiar los perfiles con alto grado técnico en la integración de las comisiones jurisdiccionales.
Aprobado en su sólo acto por 106 votos, el proyecto de decreto se devolvió a la Cámara de Diputados para que avale o deseche los cambios realizado por los senadores.
Durante el debate, la oposición reconoció la disposición al diálogo de Morena y sus aliados para ponderar la construcción del consenso sobre el dictamen.
La senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, reiteró la invitación a que el diálogo se haga costumbre, hasta que se haga norma. “¡Ojalá podamos continuar así!”, dijo.
“El dictamen no podía ser fruto de la imposición irreflexiva de la mayoría (…) de haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos fueran usados con propósitos políticos ajenos a los de su objeto constitucional”, señaló.
El panista Damián Zepeda indicó que cuando hay apertura, hay consensos y con ello el Senado manda un mensaje al país, a la clase política y la ciudadanía en general.
Refirió que se tiene la percepción que los servidores públicos son intocables y hay impunidad, por lo que la ley de juicio político, agregó, mejora los mecanismos para corregir eso.
Es falso que no se pueda procesar un servidor público, hay responsabilidad administrativa derivada de la Constitución que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de la Federación (…) En el juicio político sólo procede para casos de violaciones graves de la Constitución o las leyes federales o malversación de recursos públicos, ante la Cámara de Diputados y el Senado recibe la sentencia y sólo procede destitución o inhabilitación, eso es el juicio político”, detalló.
Geovanna Bañuelos, del PT, dijo que frente al hartazgo de tanta impunidad, el reclamo era acabar con el régimen de prebendas y privilegios de los que disfrutaron presidentes, servidores públicos y representantes populares que quebrantaron sin rubor el mandato de la ley.
“Hoy, haremos historia al cumplir esta promesa que le hicimos al pueblo de México”, resaltó.
El senador de Morena, Germán Martínez Cázares, fue el único legislador que criticó el dictamen, del que aseguró, “aporta poca claridad a los procedimientos y hará inoperante la facultad exclusiva de los diputados de remover el fuero”.
Acusó que la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado es “una reedición del pacto de impunidad de la clase política que tanto molesta al ciudadano”.
“La minuta de los diputados mantiene ese ‘ambientito’ corrupto de impunidad y descarada complicidad. Algo huele a podrido desde San Lázaro”, dijo.
Esta normativa busca evitar que se repita lo sucedido en Tamaulipas con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien logró mantener el fuero porque el congreso estatal no homologó la decisión de la Cámara de Diputados, la cual había aprobado su desafuero.
Foto Cuartoscuro.
