Xalapa, Ver.- El gasto de la nómina del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) es de 65 millones de pesos al mes. La magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz cobra 181 mil 621 pesos, por concepto de salario bruto y compensación.
Los ingresos de los 34 magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) se ubican entre los más altos a nivel nacional, incluso, sobre lo que cobran magistrados de la Sala Regional del Poder Judicial que reciben 154 mil pesos por concepto de salario.
Aunque los magistrados federales tienen otras prestaciones, como prima vacacional y riesgo de trabajo que les garantizan ingresos adicionales por 745 mil pesos.
Isabel Inés Romero Cruz confesó a sus homólogos que “se truena los dedos” para pagar la nómina de fin de mes, por lo que -incluso- les pidió bajarse un 30 por ciento la compensación.
Los abogados Tomás Mundo Arriasa y Valentín Olmos Alonso consideran que el gasto por concepto de nómina del poder judicial es excesivo y no corresponde a la calidad del trabajo que se realiza en las diferentes salas.
Destacan que la “crisis” del poder judicial es parte de la inexperiencia y la improvisación de quienes están al frente de la administración. Denunciaron que Isabel Inés Romero no tiene interés en lograr mejoras en el TSJE debido a que en marzo del 2022 se jubilará al cumplir el requisito de la edad.
La crisis que llegó al poder judicial
Este siete de julio se hizo público un audio en el que se escucha como la magistrada Isabel Inés Romero Cruz en el que comparte con sus compañeros que existe un déficit de 500 millones de pesos.
Para resolver la falta de recursos, dijo, que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez les recomendó reducir la compensación de manera “voluntaria” hasta el mes de diciembre.
No obstante, García Jiménez incumple con un deber legal al no asignar el dos por ciento de los ingresos totales del Estado, como lo marca la Constitución en su artículo 60, que garantiza la “autonomía presupuestal” del Poder Judicial, la Universidad Veracruzana y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este año el Congreso local asignó mil 614.3 millones de pesos (281.1 mdp menos en 2020), razón por la que Romero Cruz debió interponer un recurso de inconstitucionalidad por el recorte del presupuesto, pues la ley obliga que no se de menos dinero que el que se gastó el año anterior.
Los altos costos de la burocracia
Según datos del portal de transparencia del PJEV cuentan con una nómina de dos mil 800 trabajadores que van desde magistrados, jueces, auxiliares, psicólogos, secretarios de estudio y cuenta, oficiales, nutriólogos y una cocinera adscrita al Tribunal Superior de Justicia.
Cada mes se pagan 55 millones 781 mil pesos por concepto de salario; 9 millones 793 mil pesos por concepto de compensación; y 6 millones 885 mil pesos de gratificación que se entrega cada tres meses.
De ese total mensual, tres millones 419 mil 642 pesos se transfieren a los 34 magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), además, de un millón 768 mil pesos de compensación.
Al menos 33 magistrados cobran 51 mil 142 pesos por concepto de compensación, la presidenta Isabel Inés recibe 80 mil pesos por ser la “representante legal” de esa soberanía.
Además, de un bono anual de 93 mil 524 y un bono semestral de 211 mil 184 pesos (6 mil 231 a cada uno) a los 34 magistrados. El costo anual de salario, compensación, gratificaciones y bonos es de 65 millones 908 mil pesos.
Poder Judicial es caro: Abogados
El abogado Tomás Mundo Arriasa afirmó que la crisis que atraviesa la autoridad judicial es consecuencia de poner a gente inexperta y que no conoce de justicia, políticas públicas, ni administración.
“Es por tener a gente con un desconocimiento -casi total- del derecho, por un lado, y por otro, que hace excelentemente el papel de obedecer instrucciones venga de donde vengan”.
En ese sentido, se tendrá que ver la responsabilidad de quienes lo están haciendo, pues es inadmisible que les pidan que se baje el sueldo.
El abogado reiteró que en el pasado se pidió revisar el trabajo efectivo de los magistrados, pues devengan un salario muy alto y la calidad de las sentencias deja mucho que desear, “dejan inocentes en la cárcel, impidiendo que muchos se divorcien o que los hijos tengan derecho a una pensión”.
Pues, así como exigen un salario, deberían elevar la eficacia de los juicios que emiten, pues el maquilar sentencia no habla de eficiencia o calidad.
El abogado Valentín Olmos Alonso, presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz calificó como excesivo el ingreso mensual de los magistrados que supera los 150 mil pesos.
Destacó que la recomendación del gobernador a bajar la compensación en un 30 por ciento, además de ser una intromisión de Cuitláhuac García Jiménez, solo fomenta la corrupción, que persiste en esa soberanía.
Y es que además de pedirles bajar el salario, se les recomendó prescindir de los servicios de un proyectista, que son los responsables de integrar los expedientes de las sentencias, lo que bajará la calidad del trabajo y el número de resoluciones.
El abogado justificó el actuar de la magistrada Isabel Inés dado que ella sólo estará hasta marzo, lo que pone en evidencia que su nombramiento es sólo de “membrete”.
Si les dieron el dos porciento
El Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco explicó que el dos por ciento de los recursos anuales para el poder judicial corresponden a 900 millones de pesos.
El porcentaje, dijo, se calcula en base a los recursos de libre disposición que este 2021 fueron de 45 mil millones de pesos, por lo que les corresponden sólo 900 millones, sin embargo, se les etiquetaron mil 600 millones de pesos.
Todos los poderes y oficinas del gobierno determinaron ajustar sus gastos, excepto el PJEV que gastó el dinero asignado a un año presupuestal en sólo siete meses, por lo que ahora no tiene ni para pagar la nómina.
