La consulta popular del 1 de agosto encaminada a presuntamente enjuiciar a los ex presidentes, se considera una baja participación ciudadana debido a que es realizada a menos de dos meses del pasado proceso electoral, se dará en medio de una tercera ola de la pandemia de Covid-19, aunado a que la clase media no considera necesaria esa acción para la aplicación e impartición de justicia.
Así lo consideró el consultor Efraín Martínez Figueroa, quien señaló que la reciente elección, con algunas entidades con baja participación, como el 40% que sólo votó por gobernador de Sonora; pero aunado a ello está el aumento de contagios que podría hacer que las personas no quieran acudir a la mesas, y además la clase media “la que el presidente ha calificado de aspiracionalista, está consciente que esto no llevará a ninguna situación jurídica”.
Por ello, Efraín Martínez indicó que no considera que se consigan la participación de los 37 millones de personas de la lista nominal para que sea vinculante el resultado.
El que no haya una participación importante, debilitará la figura del Ejecutivo “y eso podrá relacionar con las pasadas elecciones “que sino dan los números podrían generar dudas y cuestionamientos. Es un riesgo.
Serán 57 mil mesas receptoras las que se instalarán para la consulta, 285 mil 220 ciudadanas que requerirán 285 mil 220 ciudadanos como funcionarios, para que se conteste la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El director de EMF Consultores, indicó que esta acción es un compromiso de campaña para trascender de la democracia representativa la participativa, como lo es el plebiscito, referéndum que es para ir más allá del voto electoral, lo cual en el ámbito constitucional es positivo.
Sin embargo, añadió el entrevistado, el aspecto negativo es que se consultará sobre derechos humanos y administración de justicia lo cual se aplica “sino entramos en un área de la época medieval, y además muchos de los delitos que pudieran vincularse a los ex `presidentes “ya han prescrito”.
La pregunta, recordó, fue reformulada para evitar violar derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, y contra quien se podría actuar si se tuvieran las pruebas, es contra Enrique Peña Nieto, “pero ni siquiera se ha metido a la cárcel a Emilio Lozoya”.
