El empresario Miguel “N”, hijo de Miguel Alemán, ex gobernador de Veracruz, y contra quien pesa una orden de captura por presunta defraudación fiscal y hay una ficha roja para lograr su aprehensión en el extranjero, podría no ser entregado a México.
De acuerdo con lo que publica El Universal, el empresario salió de México desde enero pasado con destino a Estados Unidos a buscar inversionistas para rescatar Interjet y pagar las deudas de la empresa.
Posteriormente viajó a Europa, donde también buscó inversionistas y, desde el mes de febrero, estableció su residencia en París, Francia.
Miguel “N” tiene nacionalidad francesa, debido a que su madre, Christiane Magnani Martel, nació en Piennes, Francia.
Según el tratado de extradición entre México y Francia, ninguno de los dos países está obligados a entregar a uno de sus connacionales al Estado que lo requiera.
Dicha disposición se encuentra en el artículo sexto del tratado, que señala: “La extradición no será acordada si la persona reclamada tiene la nacionalidad del Estado requerido. La calidad de nacional se aprecia en la fecha de la comisión de los hechos”.
El mismo artículo, en su párrafo segundo, establece que cuando el Estado requerido alega la nacionalidad como una razón para negarse a entregar a la persona contra la que existe la orden de aprehensión, las autoridades de ese país deberán juzgarlos conforme a sus leyes.
El documento indica: “Si, en aplicación del párrafo que antecede, el Estado requerido no entregara a la persona reclamada por la sola razón de su nacionalidad, éste deberá, conforme a su propia ley, con base en la denuncia de hechos por el Estado solicitante, someter el asunto a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, en caso de que resulte procedente. A este efecto, los documentos, informes y objetos relativos al delito serán proporcionados gratuitamente por la vía prevista en el artículo 13 y el Estado solicitante será informado de la decisión tomada”.
Cabe señalar que Miguel “N” es requerido en México por presunta defraudación fiscal de más de 66 millones de pesos que dejó de pagar Interjet por concepto de ISR en el ejercicio 2018.
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