El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro se negó a frenar el acuerdo por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró a las obras y proyectos del Gobierno federal como tema de seguridad nacional.
El jueves pasado el juzgador admitió a trámite la demanda de garantías, ese mismo día negó al promovente la suspensión provisional.
“La expedición del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional. El acuerdo omitiendo los procedimientos establecidos en la Ley General de Mejora Regulatoria. El acuerdo con relación al tratamiento que se le debe dar a la información de proyectos y obras de infraestructura a que hace referencia”, explicó en su resolución.
El pasado martes 7 de diciembre, 53 senadores de oposición emplazaron a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo promovido por el presidente.
Sin embargo, le presidenta de la Mesa Directiva dijo que presentar una controversia “carece de interés legítimo” y que la promoción sería, por lo tanto, improcedente. También mencionó que, según su opinión, considera “inexistente el principio de agravio respecto del Senado”.
Previamente los senadores de oposición entregaron a Sánchez Cordero un documento, en el cual manifiestan su preocupación, porque desde Presidencia se pretende establecer “un régimen de excepción”, porque se recurre a los conceptos de interés público y de seguridad nacional para afectar la rendición de cuentas, favorecer la opacidad, la poca claridad en la contratación pública y el ejercicio de los recursos.
