IIJ-UV analizó las afectaciones de pandemias en México

IIJ-UV analizó las afectaciones de pandemias en México

Para analizar el derecho a la salud y los impactos que han tenido las pandemias en México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV) realizó el viernes 3 de julio la mesa cinco de su Webinar “Mesas jurídicas de análisis en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”, en la que participaron cinco estudiantes del Doctorado en Derecho, bajo la conducción de José Luis Castillo Hernández, académico de la Facultad de Nutrición. 

Giovanni de Jesús Durán Muñoz se refirió al derecho a la salud y su vinculación con la política fiscal; dijo que el Covid-19 representa diversos retos, tareas y problemas para la economía mundial, cuyas recesiones han sido eje de problemas evidentes que repercuten en los derechos humanos en general, pero de manera particular en los sociales que enmarcan el derecho a la salud. 

En esa medida, dijo, el Estado mexicano está obligado a crear condiciones materiales y salubres indispensables para un desarrollo completo de bienestar, y con base en ello estar en aptitud de contribuir a un plan de vida autónomo, lejos del temor y la miseria.

Mencionó que desde el punto de vista la política fiscal, la protección de los derechos humanos debe entenderse como un primer eslabón en la cadena de protección desde los recursos ordinarios, en donde el tributo representa el instrumento a través del cual el Estado puede captar medios pecuniarios para desarrollar sus atribuciones. 

Sobre el VIH/SIDA, expresó que no siempre se ha focalizado la atención prioritaria, pero representa un derecho a la salud que debe garantizarse con respeto irrestricto a la dignidad humana, observando los principios fundamentales. Propuso una restructuración de la política fiscal del país con una esencia asistencialista, a fin de que las economías particulares no se vean restringidas para el pago de impuestos por carecer de recursos específicos.

México con un sistema de salud precario e incipiente
Emilio Fernández Pérez habló de la seguridad humana como una nueva política en el derecho a la salud, considerando que “estamos en un mundo de preguntas fuertes y respuestas débiles, en México nos enfrentamos a un sistema de salud precario e incipiente, cuando la pandemia A H1N1 (2009) mostró que a nuestro sistema de salud le faltaban muchos aspectos para poder hacerle frente”.

Refirió que en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) marca que el derecho a la salud no es únicamente el acceso a atención médica y medicamentos, sino que su alcance incluye aspectos económicos, de vivienda, agua potable y alcantarillado, servicios que se tienen focalizados en un país periférico como México, en donde son una prioridad. 

Recordó que dos pandemias han marcado a la humanidad, la actual de Covid-19 y la de VIH/SIDA, que en los años ochenta trajo consigo la estigmatización a determinado grupo social dándole algunos calificativos como “peste rosa”, “patología del espíritu” y “la ira de Dios”, y ante ella se formó una parte moral sancionadora por la sociedad, debido a que en ese entonces no existía vacuna ni tratamiento para contrarrestarla, únicamente se contaba con el preservativo como medida de prevención, pero desató una lucha con el sistema religioso y causó el irrespeto a la dignidad sexual del ser humano pasando de ser un problema exclusivo de salud a uno de carácter moral y social, que a la fecha aún existe.

México no está listo para atender emergencias sanitarias
Daniel de Jesús Morales Morales sostuvo que con el avance de la pandemia por Covid-19 México mostró que no está listo para atender este tipo de emergencias sanitarias y quedó de manifiesto también el fuerte gasto que hacen los mexicanos para atender su salud, el cual asciende al cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que refleja que no obstante cuenten con servicios médicos como IMSS, ISSSTE o Seguro Popular –hoy Insabi–, destinan una parte significativa de sus ingresos para la realización de estudios y/o atención de alguna enfermedad, que refleja las restricciones en la cobertura médica, falta de personal y de insumos para tratamientos.

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