La Comisaría de Seguridad Pública de Poncitlán, Jalisco, ya es intervenida por la Policía del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.
Esto es debido al cumplimiento ordenado por la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de seguridad, para la intervención de la Policía Municipal.
Se tomó la determinación de intervenir y desarmar a las policías municipales de Jalostotitlán y Poncitlán.
Esta intervención consta en el desarme de sus uniformados, así como acceder a sus instalaciones, equipos de comunicación y cómputo, archivos y, en general, de todos los activos.
La autoridad observo que es conveniente la intervención de ambas corporaciones como una medida ante los señalamientos de abusos, excesos y sospechas que hay sobre el comportamiento de los elementos.
Los elementos de las comisarías atravesarán un proceso de reevaluación durante 15 días; en este lapso recibirán capacitación en materia de derechos humanos, uso adecuado de la fuerza, exámenes de control de confianza, antidopaje, lineamiento de cumplimiento de la licencia colectiva y demás requisitos para ejercer la función policiaca.
Los uniformados de la policía del Estado y de la Guardia Nacional auxiliarán la seguridad de Jalostotitlán y Poncitlán y mantendrán esta encomienda de forma indefinida, con el apoyo del Ejército Nacional.
En la Comisaría de Seguridad Pública de Poncitlán, se pudo ver que por lo menos 80 a 100 uniformados fueron trasladados en 2 camiones a la Academia de la Secretaría de Seguridad para su reevaluacion.
Camionetas de la Policía del Estado se metieron al estacionamiento principal de las unidades municipales, así como vehículos oficiales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Guardia Nacional y Sedena.
En este punto se nos negó información acerca de los elementos que fueron trasladados a la Zona Metropolitana de Guadalajara, la madre de uno de los oficiales se desmayó en la Comisaría por la impresión de ver a su hijo partir.
Por otro lado también se encuentran intervenidas las corporaciones policiales municipales de San Juan de los
Lagos por la detección de irregularidades en la corporación desde el 24 febrero y en Ixtlahuacán de los Membrillos por el asesinato de un detenido desde el 5 junio.
