En Veracruz, el Estado de Derecho, las leyes y las instituciones se ven fuertes con una procuración de justicia que ha estado a prueba, con resultados que producen tendencia y avalan la actuación de las autoridades que han procedido con probidad, responsabilidad, claridad y firmeza, manifestó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe.
Al lado del titular del Poder Ejecutivo del estado, gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, el legislador presencio el mensaje ofrecido por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, por la circunstancia de su primer año al frente del organismo autónomo.
Ríos Uribe subrayó que, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el último año, en la entidad el delito de secuestro ha disminuido 41 por ciento y las detenciones por orden de aprehensión han aumentado en más de 70 por ciento, en comparación con 2018 y 2019, y han sido desarticulados 30 organizaciones delictivas dedicados al secuestro, entre otros resultados.
En este reconocimiento a la labor realizada por la fiscal Hernández Giadáns y a su equipo de labor, el Presidente del Congreso no omitió ponderar el empeño y la coordinación de la Marina-Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tal espíritu de sacrificio y entrega expresó ha ido devolviendo a las y los veracruzanos la paz.
"La procuración de justicia que Veracruz merece y necesita integridad, honorabilidad, experiencia, conocimiento de la Ley, compromiso, lealtad y un alto sentido del deber, por lo que, en nombre de la LXV Legislatura, expreso nuestro beneplácito al saber que contamos con una Fiscal General del Estado que dignamente reúne estas características", comunicó el legislador.
Concluyó asegurando que "en Veracruz nadie está por encima de la Ley. El compromiso irrenunciable de esta LXV Legislatura es renovar y fortalecer nuestro marco legal, para asegurar a las y los veracruzanos una vida más digna, en pleno respeto a sus derechos humanos y en el imperativo de nuestras responsabilidades. En esta ardua labor, la colaboración entre las instituciones es fundamental, indispensable e igualmente irrenunciable".
