Con la recopilación de 300 testimonios de familiares de personas desaparecidas en Veracruz, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia dio a conocer que en la entidad el 46 por ciento de las desapariciones fueron colectivas o masivas y en el 44 por ciento se cree que la policía estatal tuvo algún tipo de participación.
Al presentar el proyecto “Dignificando la memoria”, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la activista Anaís Palacios comunicó que se recopilaron las desapariciones de 253 hombres y 33 mujeres, con ocupaciones tan diversas que van desde estudiantes, empleados, comerciantes, conductores, choferes y algunas actividades informales; la mayor parte de ellos eran el sustento económico.
El informe explica que las desapariciones son un recurso que forman parte control de territorio, que el lugar más frecuente para ello es vía pública, tras los domicilios y los lugares de trabajo, y que como parte de una alianza entre grupos criminales e instituciones se allanó el camino para que en el estado se viva una violencia desenfrenada.
Añade que en el 17 por ciento de los testimonios recopilados se señala la participación de miembros de la Marina, Ejército, Policías Intermunicipales, Mando Único, Policía Civil, Naval, entre otras; en el 62 por ciento de los casos los familiares han señalado que durante la desaparición de personas hubo testigos presenciales y en el 24 por ciento; es decir, en uno de cada cuatro casos se prevé la participación de agentes estatales.
El documento da a conocer que desde año 2007 Veracruz enfrenta un deterioro sostenido y acelerado de la seguridad pública y que la violencia en estos tiempos se ejerce de manera más sanguinaria y deshumanizada.
El integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jacobo Dayán indicó al hacer un resumen del informe que en Veracruz se suman al menos a cuatro organizaciones delincuenciales que se disputan el territorio: el Cartel del Golfo, Los Zetas, el Cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, y al hecho de que existe una relación de las instituciones públicas.
“La desaparición ha sido una práctica generalizada y sistemática como parte de agentes estatales de los tres niveles y de grupos criminales con desapariciones que son delitos de lesa humanidad”, indicó.
Añadió que a ello se conjunta un contexto de impunidad y revictimización por parte de las autoridades que insisten en subrayar que los desaparecidos “en algo andaban”.
