El juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, decidió postergar hasta el 17 de febrero de 2021 la siguiente audiencia de procedimiento del caso de Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero.
En la sesión celebrada de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19, Cogan también otorgó a la defensa de García Luna, un plazo de 2 a 3 semanas para responder si acepta o rechaza la petición del Departamento de Justicia, de mantener sellada nuevas evidencias del caso para evitar poner en riesgo a posibles testigos del proceso judicial.
César de Castro, abogado de oficio y representante legal de quien fuera secretario de Seguridad, asesor en la lucha militarizada contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón, se quejó de la falta de acceso a su cliente.
“Sin explicación nos han cancelado tres reuniones, no he visto a mi cliente desde el 20 de octubre (de este año)”, declaró el abogado del ex funcionario mexicano durante la breve audiencia de procedimiento.
El defensor de oficio especificó que por la expansión de contagio de coronavirus en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, su cliente está sujeto a aislamiento y cuarentena lo que ha impedido que desde el pasado 28 de octubre no haya tenido acceso a documentos.
“No ha visto las pruebas -entregadas por el Departamento de Justicia sobre su supuesta colaboración con el narcotráfico-, sigue en aislamiento debido a la expansión del contagio del virus”, dijo De Castro.
A nombre del gobierno de Estados Unidos, el fiscal federal Ryan Harris, se comprometió a hablar con las autoridades de la prisión para buscar la manera de que García Luna tenga acceso a las evidencias en su contra, para con ello preparar su defensa en caso de que haya juicio.
Genaro García Luna es acusado de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio por proteger al Cártel de Sinaloa con la ayuda de dos de sus subordinados cercanos, Ramón Pequeno, ex jefe de la División de Inteligencia de la entonces Policía Federal (PF), y Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal. Ambos siguen prófugos.
El ex secretario de Seguridad Pública, que se declaró no culpable el pasado 7 de octubre, no ha negociado con los fiscales estadounidenses y decidió no cooperar ni ofrecer información al Departamento de Justicia.